oco después de los ataques del 11-S, el dictador de Uzbekistán, Islam Karimov, proporcionó a Washington bases estratégicas que fueron utilizadas por EEUU para sus operaciones estratégicas y de inteligencia en Afganistán. Cientos de militares y expertos en inteligencia de EEUU están todavía operando en la base aérea de Karshi-Janabab, que también actúa como una base logística para las tropas estadounidenses que se hallan en ese país.
A cambio de esta cooperación, el presidente de EEUU, George W. Bush, denunció públicamente al Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) como un grupo afiliado a Al Qaida e incrementó notablemente la ayuda militar, económica y de seguridad al régimen uzbeko. Hace dos años, Bush dio la bienvenida a Karimov en la Casa Blanca y el dictador uzbeko ha recibido también en Tashkent, la capital de Uzbekistán, a altos responsables de la Administración Bush, entre ellos al propio secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld.
En este contexto, los recientes atentados con bomba que tuvieron lugar a finales de marzo en Tashkent resultaron incómodos tanto para el régimen uzbeko, por cuanto pusieron en duda la estabilidad política del país, como para Washington, que había venido justificando su ayuda al gobierno de Karimov precisamente en base a la defensa de esa "estabilidad". Según el Fiscal General del Estado de Uzbekistán, 10 oficiales de policía murieron y 24 resultaron heridos en tales ataques. También resultaron muertos otros 14 civiles. El Fiscal señaló asimismo que, durante el curso de las operaciones policiales subsiguientes, 33 "terroristas", incluyendo 7 mujeres, habían fallecido a manos de las fuerzas de seguridad uzbekas. Estos atentados dieron lugar además a una ola de detenciones de disidentes en todo el país.
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch denunció el pasado 2 de abril que numerosos musulmanes no implicados en actividades violentas han sido detenidos de forma arbitraria en Uzbekistán en los últimos años. La organización señaló que unas 30 personas habían sido arrestadas e incomunicadas, y se encontraban en "inmediato peligro de ser torturadas". Cabe señalar que la libertad religiosa es un concepto inexistente en Uzbekistán, donde existen miles de presos, que han acabado en la cárcel por el solo hecho de organizar o participar en actividades de culto diferentes a las promovidas por el propio Estado. Rachel Denber, directora de la sección de Europa y Asia Central de Human Rights Watch, manifestó a este respecto que "el gobierno uzbeko está llevando a cabo una campaña inmisericorde contra los disidentes musulmanes pacíficos. La escala y brutalidad de las actuaciones contra los musulmanes independientes -que desean llevar a cabo sus actividades de culto fuera de la tutela del Estado- deja claro que ellas forman parte de una campaña concertada de persecución religiosa". Miles de disidentes han sido ejecutados también después de una farsa de juicios.
Por otro lado, las autoridades uzbekas han tomado medidas encaminadas a limitar la difusión de información procedente del exterior y la actividad de los corresponsales de los medios de comunicación extranjeros. La censura informativa en el país es total. Como muestra de ello baste decir que en el cuarto día de atentados consecutivos ocurridos en el país, los medios uzbekos no mencionaban ni una sola palabra de tales ataques. Pese a que Uzbekistán ha adoptado un lenguaje oficial que habla de elecciones multipartidistas, una prensa libre y un poder judicial independiente, la verdad es que tales afirmaciones no son más que una quimera. El régimen se niega a permitir la inscripción de otros partidos políticos diferentes a los ya existentes y los miembros de las organizaciones pro derechos humanos son objeto de un continuado hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad uzbekas.
La represión del régimen uzbeko ha puesto a Washington en una situación claramente incómoda. La negativa de Karimov a llevar a cabo reformas políticas y económicas y su pésimo historial en el terreno de los derechos humanos han venido siendo denunciados con fuerza por diversas organizaciones proderechos humanos de EEUU, como la ya mencionada Human Rights Watch.
El propio informe anual del Departamento de Estado sitúa a Uzbekistán entre los países con un peor rango de violaciones de los derechos humanos. El Congreso norteamericano pidió recientemente que determinados tipos de ayudas a Uzbekistán fueran suspendidas si el Secretario de Estado no certificaba que se estuviera produciendo una mejora en el terreno de los derechos humanos en el país. Los informes de diversas organizaciones y testimonios llegados al Congreso de EEUU señalan que la tortura es practicada de forma rutinaria en las prisiones uzbekas y que los derechos humanos y los civiles son violados de forma sistemática en el país. Tales informes indican también que el gobierno de Tashkent no ha tomado ninguna medida para impedir el tráfico de personas, particularmente de mujeres, que son objeto de explotación sexual. Lorne Craner, responsable de Derechos Humanos del Departamento de Estado, ha visitado Uzbekistán más veces que cualquier otro país en los pasados meses. "Hemos estado intentando estimular los progresos en algunas esferas (relacionadas con los derechos humanos), pero no hemos visto avance en ninguna de ellas, reconoció Craner". Otro oficial del Departamento de Estado fue aún más crítico: "El gobierno uzbeko no ha hecho nada para intentar demostrar que se está moviendo en la buena dirección". El 5 de diciembre de 2003, por ejemplo, el régimen de Karimov prohibió una conferencia organizada por un grupo denominado Madres contra la Pena de Muerte y la Tortura. El día antes de la conferencia las autoridades informaron a los organizadores que el evento no podía tener lugar, porque el grupo no se había registrado. Esta alegación fue rechazada por un portavoz de la organización, que manifestó que se había presentado una solicitud de legalización el mes de enero anterior, pero ésta no había tenido ninguna respuesta. Como dato de interés hay que decir que entre los coorganizadores del acto se hallaban la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la Freedom House (Casa de la Libertad) de Nueva York, entidad ésta que mantiene estrechos vínculos con la Administración Bush y el Partido Republicano de EEUU.
El apoyo al régimen de Uzbekistán ha restado también credibilidad al discurso de Bush en favor de la democracia en el mundo musulmán. De hecho, en su discurso de noviembre de 2003, pronunciado en la sede de la National Endowment of Democracy (NED) de Washington, en el que manifestó el deseo de su Administración de promover la "democratización" de los países de Oriente Medio, Bush omitió cualquier referencia a Uzbekistán, hecho éste que sirvió para que numerosos observadores de EEUU y el mundo musulmán coincidieran en afirmar que las palabras de Bush no eran más que otro ejemplo de retórica vacía.
Los países europeos, por su parte, parecen haberse sumado también a esta postura de apoyo vergonzante al régimen de Karimov. Recientemente, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, que celebró su encuentro annual de 2003 en Tashkent, advirtió que cortaría sus préstamos y ayudas a Uzbekistán a menos que Karimov tomara algunas medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos, entre los que incluyó el fin de la tortura a los presos, la libertad de inscripción de asociaciones civiles, la libertad de prensa y la libertad de actuación para los partidos políticos. Hasta ahora, sin embargo, el Banco no ha realizado ningún gesto que permita suponer que cumplirá pronto su amenaza.
Numerosos expertos en Washington, están ya advirtiendo, sin embargo, que la política de represión del gobierno de Karimov está alimentando un crecimiento del radicalismo dentro del país, en especial de organizaciones como el IMU (Movimiento Islámico de Uzbekistán), que mantienen una lucha armada contra el régimen. Algunos expertos norteamericanos parecieron creer en un primer momento que la alianza entre Uzbekistán y EEUU podría llevar a una cierta liberalización del régimen o, al menos, a una fórmula según la cual el Estado mantendría un cierto nivel de autoritarismo, pero permitiría reformas económicas, siguiendo las pautas expresadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Sin embargo, nada de eso se produjo. En contraste con lo que ha sucedido en la mayoría de las repúblicas ex soviéticas, Uzbekistán no ha querido emprender reformas pro mercado. Karimov considera que las consecuencias sociales de una privatización en gran escala, una desregulación de precios y una desaparición o reducción del control estatal sobre la economía podría alimentar el ya amplio descontento social y generar una ola de descontento que podría llegar a amenazar la supervivencia del régimen. A diferencia de otros vecinos, como Kazajstán o Turkmenistán, Uzbekistán no posee recursos energéticos y el país tiene además que importar gran parte del grano y otros alimentos que precisa. Su único recurso importante es el algodón, lo cual hace que la economía uzbeka sea altamente dependiente de los precios de este producto en el mercado internacional.
La política de "uzbekización" de la cultura y el lenguaje ha llevado a numerosos expertos rusos a abandonar el país. Esto ha hecho caer en gran medida el número de cuadros técnicos que trabajaban en diferentes sectores, lo cual ha tenido consecuencias nefastas para la ya maltrecha economía.
En el valle de Fergana, donde vive el 11% de la población del país, la situación es tan crítica que el paro llega al 80%. Estas condiciones han favorecido el desarrollo y expansión de organizaciones como el IMU o el Hizbul Tahrir (ésta última busca la creación de un estado islámico en el país por medios pacíficos).
Algunos observadores en EEUU consideran también al régimen de Karimov como un foco de inestabilidad por su ambición de convertirse en líder regional. Uzbekistán ha protagonizado diferentes escaladas de tensión con sus vecinos -como Kazajstán, Turkmenistán y Kirguizistán- y las fronteras uzbekas con estos países han permanecido cerradas durante diferentes períodos de tiempo. Las autoridades de Tashkent gravan además los productos de los países vecinos con enormes tasas aduaneras, hecho éste que ha supuesto un duro golpe para el comercio regional. Recientemente, una economista rusa, Galina Bujarbayeva, manifestó a un diario de Moscú que "no existe virtualmente en Uzbekistán una actividad de importación o exportación de productos manufacturados". El gobierno uzbeko ha promulgado incluso una norma que prohibe la formalización de contratos comerciales con Kazajstán y Kirguizistán.
Pese a todo, la Administración Bush parece dispuesta a continuar cooperando con las autoridades uzbekas, como demuestran unas recientes declaraciones del secretario de Estado, Colin Powell, en las que señaló que EEUU estaba preparado para ayudar a Tashkent en la investigación de los ataques de finales de marzo. El motivo de esta vista gorda hacia el carácter tiránico del régimen de Karimov reside en la importancia estratégica que tiene en la actualidad Uzbekistán para Washington y en el interés del gobierno norteamericano de seguir conservando el control de la base de Karshi-Janabab. Desde esta base, EEUU puede no sólo apoyar las actividades de su ejército en Uzbekistán, sino también contribuir a su estrategia de cerco a China y Rusia y fortalecer su posición en una zona como Asia Central, que cuenta con una gran riqueza en recursos de gas y petróleo.
Hay que tener en cuenta también que desde 1999 Uzbekistán ha venido formando parte de la GUUAM, un bloque pro norteamericano formado por algunas repúblicas ex soviéticas -como el propio Uzbekistán, Ucrania, Moldavia, Georgia y Azerbaiyán- y destinado a debilitar la influencia de Rusia en el antiguo espacio soviético. Uzbekistán también apoyó la guerra de agresión de EEUU contra Iraq y ha mantenido fluidas relaciones con Israel. El propio Karimov visitó Israel hace unos años y allí afirmó que tenía "antepasados judíos". Esta actitud hacia Iraq e Israel ha hecho que Karimov sea una figura muy impopular en el mundo árabe y musulmán.
Los observadores políticos consideran que los ataques de marzo garantizan virtualmente que el gobierno de EEUU ignorará una vez más el mal historial de Uzbekistán en materia de derechos humanos y dará luz verde a una ayuda de 50 millones de dólares que estaba pendiente de entrega. Sin embargo, aunque Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado de EEUU, ha prometido ayudar al gobierno uzbeko "de todas las formas posibles" frente a la amenaza del "terrorismo", ha indicado también que EEUU continuará pidiendo a Karimov que ponga en marcha reformas democratizadoras y liberalizadoras en las esferas política y económica. "No puedes solamente limitarte a luchar contra los terroristas. Tienes que crear el tipo de sociedad estable que genere esperanza y oportunidades. Ésta es la mejor garantía de éxito frente al terrorismo". Por supuesto, estas demandas norteamericanas no significan que Washington tenga un interés real en el destino del pueblo uzbeko, sino que vienen a demostrar la preocupación de la Administración Bush por la posibilidad de que la represión política y el estancamiento económico debiliten al gobierno de Karimov hasta el punto de que su derrocamiento, mediante una revuelta popular, se convierta en un hecho factible.
Aunque Uzbekistán se muestra dispuesto a aceptar la ayuda de EEUU, existen indicaciones de que Karimov se encuentra cada vez más molesto, aunque no seriamente preocupado, por la retórica democratizadora que procede de Washington. Karimov sabe que Washington no va a tomar ninguna medida de castigo contra su régimen, pero considera que el confiar únicamente en la baza norteamericana para sostener su poder es algo que puede ser arriesgado, máxime si se tiene en cuenta la suerte que han corrido otros dictadores pro norteamericanos en la historia reciente.

Aproximación a Rusia

Estas consideraciones han llevado probablemente a Karimov a buscar otras fuentes de apoyo. De hecho, las críticas contra Karimov aparecidas en diversos medios norteamericanos y en el propio Congreso de EEUU parecen haber reforzado una tendencia, aparecida en los últimos meses, que busca la recomposición de los vínculos políticos, estratégicos y económicos entre Uzbekistán y Rusia.
A principios de marzo algunos comentarios aparecidos en los medios oficiales uzbekos indicaron que la presencia rusa en Uzbekistán "no alcanzaba un nivel adecuado". "Es ya tiempo de trabajar en una línea estratégica que asegure la consolidación y expansión de los intereses rusos en Uzbekistán", señalaba el editorial de un periódico oficial.
Por su parte, un antiguo embajador uzbeko en Rusia, Shoqosim Shoislomov, sugirió que las autoridades uzbekas se habían equivocado en sus planteamientos de política exterior tras los ataques del 11-S en EEUU. En aquel entonces, Tashkent apostó firmemente por estrechar sus vínculos con Washington, pero, según Shoislomov, en la actualidad algunos altos responsables del gobierno de Uzbekistán están preguntándose qué beneficios concretos le ha reportado Uzbekistán su alianza estratégica con EEUU. "Pensábamos que (tras la alianza con EEUU) los mercados occidentales nos recibirían con los brazos abiertos, pero lo que ha sucedido es que dichos mercados están interesados únicamente en vendernos productos, pero no en adquirir los nuestros", manifestó Shoislomov. "Tenemos que ser realistas y buscar socios comerciales en aquellos países con los que hemos estado conviviendo durante las pasadas décadas", indicó el ex embajador en una referencia clara a Rusia. Estos puntos de vista parecen ser apoyados por el propio presidente Karimov, quien en su visita a Moscú los pasados 15 y 16 de abril manifestó que Uzbekistán estaba dispuesto a emprender pasos "radicales y decisivos" para robustecer sus lazos políticos y económicos con Rusia. Esta nueva orientación supone un giro político importante de la política exterior uzbeka, que en los pasados años había dedicado todos sus esfuerzos a construir una relación estratégica con EEUU. "Los tiempos de confrontación (con Rusia) han pasado", manifestó Karimov a la radio uzbeka el pasado 15 de abril. "Tenemos que ayudarnos mutuamente y respaldarnos uno al otro en la esfera política". Por su parte, según señala el periódico ruso Rossiskaya Gazeta, el presidente ruso, Vladimir Putin, saludó el llamamiento de Karimov en favor de lazos más estrechos con Moscú y manifestó que Tashkent tenía en Moscú "un sólido apoyo". El ministro de Exteriores uzbeko, Sadiq Safayev, desveló además que ambas partes estaban negociando un pacto de cooperación estratégica.
No cabe duda de que el gobierno ruso está interesado en respaldar cualquier aproximación de la parte uzbeka, que le permita restaurar la totalidad o parte su influencia en Uzbekistán, el estado de Asia Central que hasta la fecha había mantenido una postura más independiente frente a Moscú.
El pasado 30 de marzo, poco después de producirse los primeros atentados con bomba en Tashkent, Putin telefoneó a Karimov. Durante su conversación, los dos líderes discutieron vías para impulsar la cooperación antiterrorista. Por su parte, un portavoz del FSB (servicio de seguridad de Rusia) manifestó ese mismo día que sus fuerzas estaban llevando a cabo operaciones conjuntas con las fuerzas especiales uzbekas con el fin de detener a "criminales internacionales".
Para Rusia, Uzbekistán es un país importante dentro del contexto del Asia Central. Aunque carece de grandes recursos energéticos -como es el caso de Kazajstán o Turkmenistán- Uzbekistán es la nación más poblada de la región y es también la principal potencia militar de la misma. La empresa rusa Gazprom ha mostrado ya interés en adquirir el 44% de las acciones de la compañía Uzbektransgas, que ostenta el monopolio del control de los oleoductos que discurren por Uzbekistán. Este acuerdo tiene como fin explícito el de facilitar el transporte de los suministros de gas turkmeno a Rusia. Sin embargo, su firma llevaría asimismo a un importante aumento de la presencia rusa en el país. Los actuales acuerdos de seguridad entre Uzbekistán y Rusia, destinados a luchar contra el terrorismo en la zona, podrían también favorecer la firma de este acuerdo entre ambas compañías al despejar las dudas y reticencias que a este respecto tenían los responsables uzbekos.
Existen, sin embargo, algunos obstáculos que se interponen en el camino de una aproximación entre Rusia y Uzbekistán. El gobierno uzbeko se muestra receloso por la actitud crítica de muchos medios de comunicación rusos hacia su gobierno y teme la influencia que dichos medios puedan tener en su opinión pública. Cabe recordar que la mayoría de la población uzbeka habla ruso y prefiere obtener su información de los medios de comunicación rusos en lugar de los de su propio país, que están fuertemente controlados por el Estado.
Los nuevos vínculos con Rusia no suponen, sin embargo, que Uzbekistán desee rebajar el nivel de su cooperación con EEUU. Más bien, constituyen una advertencia a Washington en el sentido de que Tashkent posee diferentes opciones además de la propia alianza con EEUU. Uzbekistán continuará, de esta forma, albergando la base militar de Karshi-Janabab y existen algunos otros signos que sugieren que el régimen de Karimov estaría interesado en una ulterior expansión de los lazos estratégicos con EEUU. El 18 de abril, es decir, poco después de que se produjera el viaje de Karimov a Rusia, responsables del gobierno uzbeko recibieron en Tashkent al teniente general David Barno, jefe de las fuerzas de EEUU estacionadas en Afganistán. Barno declaró durante su visita que Uzbekistán era "un gran aliado y amigo de EEUU". En términos parecidos se expresó también la secretaria de Agricultura de EEUU, Ann Veneman, en un reciente viaje a la capital uzbeka, donde mostró la disposición estadounidense a continuar enviando ayudas alimenticias a Uzbekistán y a prestar asistencia para el desarrollo del sector agrícola uzbeko. Ni Barno ni Veneman hablaron durante sus respectivas visitas de la situación de los derechos humanos en Uzbekistán.
Algunos analistas creen que los ataques terroristas del pasado mes de marzo pueden suponer un nuevo impulso a la cooperación entre Washington y Tashkent. Sin embargo, todo sugiere que mientras el régimen uzbeko no detenga sus actividades represivas y Uzbekistán no emprenda reformas políticas democráticas, será muy difícil detener la escalada de violencia en el país.