l pasado 9 de marzo, Argentina decidió pagar al FMI, tras meses de duras negociaciones, 3.100 millones de dólares, correspondientes al capital e intereses de su deuda externa, cifrada en unos 88.000 millones de dólares. Este pago supuso un cambio en la actitud del gobierno de Buenos Aires, que había mostrado anteriormente su voluntad de no aceptar dicho pago, algo que, de haberse materializado, hubiera supuesto la mayor suspensión de pagos internacional de la historia de ese país. A cambio de esta colaboración, el FMI entregará a Argentina próximamente una parte del préstamo de 13.500 millones, aprobado el pasado mes de septiembre.
Según el diario argentino La Nación, la causa del cambio de parecer de Argentina estuvo, sin duda, en las presiones que Buenos Aires ha sufrido del propio FMI -en especial tras la elección de Anne Krueger, conocida por sus duras posiciones, como nueva directora de la institución- y de los países del G-7, en especial de EEUU, que no ha ocultado su irritación por la forma en que Argentina ha negociado con sus acreedores internacionales. Las autoridades del FMI habían expresado también repetidamente su malestar por la posible actitud de rechazo al pago de las autoridades argentinas. Cabe recordar que la suma de las deudas que Argentina y Brasil tienen contraídas con el FMI representan la mitad de la cantidad que le es debida a esta institución a nivel global. En este aspecto, un desafío abierto de Argentina al FMI podría llevar, según señaló el diario The Guardian el pasado 9 de marzo, a "un efecto dominó en los países deudores que podría llevar a la bancarrota al propio Fondo".
En septiembre, el ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, ofreció a los acreedores una cuarta parte del valor actual de los bonos del Tesoro a cambio de la cancelación de la deuda. Esto significaba que dichos acreedores no iban a conseguir más intereses de entonces en adelante, sino únicamente una décima parte del total de lo que se les debía. El propio presidente argentino, Néstor Kirchner, manifestó, en este sentido, que el entregar a los acreedores internacionales una cantidad superior al 25% del valor de los bonos equivaldría a generar "un nuevo genocidio" económico en el país. Esta postura fue rechazada, sin embargo, por el Comité Global de Tenedores de Bonos Argentinos (CGBA), que manifestó que esta posición de Argentina era indefendible, ya que imposibilitaría el que otros líderes de países latinoamericanos o de otras naciones en vías de desarrollo pudieran justificar ante sus respectivas opiniones públicas la aprobación de duras medidas de ajuste con el fin de pagar sus respectivas deudas. El CGBA fue creado a principios de 2003 y representa a acreedores institucionales y privados de Italia, Alemania, Suiza, Austria, Japón, Francia y Estados Unidos.
Durante el pasado encuentro de los países del G-7 en Florida, el tema de la deuda argentina y la actitud del gobierno de Buenos Aires ante sus acreedores fue uno de los asuntos estrella sometidos a discusión. En su comunicado final, los países del G-7 pidieron a Argentina que "aplique sin restricciones las políticas incluidas en el programa del FMI". Algunos medios señalaron también que fuentes anónimas del G-7 habían filtrado la noticia de que a menos que Argentina llegara a acuerdos con los acreedores acerca del pago de su deuda, privatizara algunas empresas estatales más e impusiera nuevas "reformas estructurales" tendría que hacer frente a un aislamiento dentro de la comunidad internacional.
Estas críticas internacionales llevaron a Argentina a modificar de nuevo su postura y, de esta forma, Lavagna presentó a los acreedores otra oferta que consistía en la cancelación de la vieja deuda argentina a cambio de bonos cuya tasa de interés estaría vinculada al crecimiento del PIB. Según la publicación portfoliopersonal.com, los tenedores de bonos de Alemania, agrupados en la Comunidad de Intereses de la Argentina (IGA), habrían aceptado esta oferta, pero sometiéndola a la condición de que los acreedores y el gobierno argentino fijen juntos, en una conferencia anual, la tasa de interés del bono vinculado al PBI.

Impulsar el crecimiento económico

En realidad, tras el colapso económico de 2001, Argentina recibió múltiples apoyos del mundo exterior, pero entre ellos no se encontraban los del FMI y EEUU, que se negaron a conceder nuevas ayudas económicas a Buenos Aires. Al final, sin embargo, algunos otros países del G-7 acabaron por dejar de lado al FMI y suscribieron sus propios acuerdos económicos con Argentina, lo cual dio un respiro al país.
En abril de 2003 fue elegido presidente, Néstor Kirchner, quien dejó claro que su principal objetivo era hacer revivir la economía argentina y luchar contra la pobreza, que afecta en la actualidad a un 55% de la población argentina, y no satisfacer los deseos del FMI. La política de Kirchner ya dando algunos resultados. El crecimiento de 2003 en Argentina fue de un 8% y el de este año puede ser igualmente alto, debido, sobre todo, al incremento de la producción nacional, que ha venido siendo impulsado por el encarecimiento de las importaciones, fruto de la devaluación del peso, y por la falta de liquidez para adquirir productos en el exterior. Asimismo, los índices de las Bolsas están en su punto más alto de los últimos años.
Sin embargo, Kirchner sabe que para sostener este crecimiento el país necesita inversiones extranjeras y una guerra abierta con el FMI no contribuiría precisamente a facilitar la llegada de nuevos inversores. Debido a esta convicción y a las presiones antes mencionadas, el gobierno argentino ha propiciado la apertura de un nuevo cauce de negociaciones con los acreedores, que culminó a finales de abril con la visita de un representante del CGBA, Nicola Stock, a Buenos Aires. Tras reunirse con las autoridades argentinas, Stock mostró su satisfacción y señaló que se había abierto una vía de colaboración efectiva entre su entidad y el gobierno argentino. Este último y el CGBA parecen haberse puesto de acuerdo en que cualquier plan argentino sobre reestructuración de la deuda tendrá que ser aceptado por un 66,6% de los acreedores (en lugar del 80% que solicitaba el FMI y el 51% que pedía el gobierno argentino).
De todas formas, no cabe duda de que las autoridades argentinas continuarán siendo objeto de una fuerte presión por parte del FMI y los defensores de las políticas neoliberales a nivel internacional. Recientemente, una comentarista del Wall Street Journal, Mary Anastasia O´Grady, pidió al FMI que no aprobara ninguna nueva entrega de fondos a Argentina hasta que este país se comprometiera a poner en marcha medidas de mayor austeridad.