ras la ampliación de la Unión Europea (UE), que tuvo lugar el pasado 1 de mayo, todavía quedan algunos países del Este de Europa -Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Rumania y Albania- pendientes de adherirse a la Unión. Sin embargo, la mala situación económica de estos países hace que su entrada en la UE antes del 2007 sea considerada imposible.
En realidad, el estado de la economía de estos países es ahora mucho peor que el que existía en los años noventa. Su PIB ha caído, como media, en un 20% debido, sobre todo, a las guerras de Croacia, Bosnia-Herzegovina y Kosovo. El desempleo continúa siendo muy alto y alcanza el 40% en Bosnia-Herzegovina y Macedonia.
El Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena (WIIW) ha pedido a la Unión Europea que intensifique su compromiso con esta región, que recibe ya más de 100 millones de euros al año en ayudas financieras directas. Un informe presentado por el WIIW el pasado año abogaba también por limitar las ayudas a los gobiernos y suministrar, en su lugar, más fondos a las pequeñas y medianas empresas, que pueden proporcionar más empleo y generar un mayor crecimiento económico que las grandes compañías o los propios estados.
Otro problema es que los bancos de la Unión Europea son reticentes a la hora de conceder préstamos a las pequeñas empresas de los países de la región, porque el riesgo es demasiado grande. Con el fin de resolver este problema, el WIIW sugiere que la Unión Europea constituya un consorcio de seguros que cubra estos riesgos y, al mismo tiempo, contribuya a la creación de bancos locales, particularmente en un régimen de cooperación o asociación con bancos de la UE. El estudio considera que algunos de los países que han accedido a la UE el pasado mes de mayo -como Hungría o Eslovenia- podrían jugar un papel muy importante en este tema, debido a su conocimiento de la situación en aquellas otras naciones.
Existen, sin embargo, algunos problemas derivados de los viejos rencores y enfrentamientos de tipo político que asolaron la zona en la década de los noventa. Croacia, por ejemplo, ha pedido a Eslovenia que entregue los fondos de las cuentas en divisas pertenecientes a croatas que había en el mayor banco de Eslovenia, el Ljubljanska Bank. Los eslovenos, sin embargo, han rechazado este requerimiento señalando que todas las divisas tuvieron que ser enviadas a Belgrado poco antes de la desintegración de Yugoslavia.
Por otro lado, el hecho de que Bosnia-Herzegovina y Albania hayan firmado un acuerdo especial con EEUU, por el que ambos países se comprometen a que los ciudadanos estadounidenses queden exentos de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional por su acción en sus respectivos territorios, ha irritado a los demás países de la UE.

El caso de Rumania

Rumania es, con sus 17 millones de habitantes, el mayor país que queda en la Europa del Este sin unirse a la UE. Tras la caída del régimen de Ceacescu en 1989, el pueblo rumano esperó con ilusión que se materializara su adhesión a la UE, en la creencia que este paso significaría un aumento del nivel de vida para la población.
Sin embargo, estas esperanzas se han ido poco a poco desvaneciendo. Una muestra de ello ha sido la baja participación -un 54,4%- en el referéndum sobre la reforma constitucional que tuvo lugar el pasado mes de octubre. Esta consulta sirvió para aprobar una nueva Constitución, que vendrá a sustituir a la de 1991, la primera adoptada tras la caída de Ceaucescu. La principal finalidad de la nueva norma es la de adaptar la legislación rumana a los requisitos que exige la futura incorporación del país a la UE. Entre otras cosas, la nueva Constitución permite que los extranjeros puedan acceder a determinados cargos y empleos dentro de la Administración, y también la adquisición de tierras y propiedades en Rumania por parte de ciudadanos de otros países.
En realidad, la falta actual de entusiasmo de los rumanos hacia la entrada en la UE se debe a los problemas crónicos de tipo económico y social que sufre el país. Un tercio de la población vive bajo el umbral de la pobreza y las reformas económicas han provocado un incremento del paro y un agravamiento de las dificultades que sufre buena parte de la población. Así por ejemplo, la disciplina fiscal exigida por la UE ha llevado a un recorte de los subsidios a los productos básicos. Las empresas estatales, en su mayoría deficitarias, han sido cerradas, lo cual ha incrementado el problema del desempleo. Así pues, no es de extrañar que la mayoría de la población se muestre irritada con las autoridades y las reformas económicas. Los trabajadores de los sectores minero, del transporte y del acero han llevado a cabo diversas protestas en contra de los planes del gobierno, que han sido negociados con el Fondo Monetario Internacional, y que prevén el despido de 23.000 trabajadores del sector público, incluyendo a 7.000 mineros y 6.000 empleados de los ferrocarriles.
Los problemas del desempleo se han agravado por la escasez de inversiones extranjeras en el país. El gobierno creyó en un principio que la llegada de capital extranjero serviría para generar nuevos puestos de trabajo, que compensarían a los destruidos en las industrias y servicios estatales, pero esto nunca llegó a suceder. Esta situación ha empujado a numerosos rumanos a abandonar el país para buscar trabajo. En los últimos años, casi dos millones de rumanos han emigrado, en su mayoría de forma ilegal, a países como España, Italia o Alemania.
Este descontento ha sido aprovechado por los ultranacionalistas del Partido de la Gran Rumania (PRM), liderado por Corneliu Vadim Tudor, para incrementar su influencia. Esta fuerza política consiguió el 21% de los votos en las elecciones generales de 2000 y ha estado subiendo desde entonces en las encuestas. El PRM realizó el pasado año una activa campaña en contra de la reforma constitucional, en especial porque ésta concedía a las minorías el derecho a utilizar su idioma en los tribunales y las instituciones públicas -medida ésta que beneficia, sobre todo, a la minoría húngara- y a los extranjeros el derecho a adquirir tierras en el país.
Pese a todo, la UE continúa demandando más reformas al gobierno rumano. Un reciente informe de la Comisión Europea señala que Rumania es el único país de los siete mencionados que todavía no ha logrado superar el test de "una economía de mercado que funcione", aunque reconoce que el gobierno rumano ha realizado grandes esfuerzos en el terreno de la privatización de empresas y otras reformas de mercado. Entre los aspectos positivos, el informe señala también que Rumania alcanzó un crecimiento del 4,8% en 2003, y que el gobierno planea situar la tasa de inflación por debajo del 10% a finales del año actual.
Bruselas ha estado presionando también a Bucarest para que apruebe una política presupuestaria más rígida, recorte aún más los subsidios a las empresas estatales deficitarias y privatice más industrias. Asimismo la UE quiere que el gobierno rumano adopte una postura de mayor firmeza ante la corrupción, que dificulta las operaciones de los inversores extranjeros que trabajan en el país balcánico. La ONG Transparency International ha señalado, por su parte, que Rumania es el tercer país más corrupto de Europa, y que este problema ha empeorado en los pasados seis años.
En este mismo sentido, un informe del Parlamento Europeo, presentado el pasado mes de febrero, señalaba que Rumania había hecho pocos progresos en la lucha contra la corrupción y llamaba a suspender las negociaciones entre dicho país y la UE. "La UE debería suspender sus negociaciones de adhesión con Rumania, a menos que este país ponga en marcha un programa creíble de reformas", indicaba el informe. Por su parte, la eurodiputada Emma Nicholson declaró recientemente a la publicación EU Business, que "Rumania debe poner en práctica las reformas ya aprobadas y, en particular, reforzar el Estado de Derecho... Asimismo, debe establecer un sistema judicial verdaderamente independiente e imparcial". Nicholson exigió además al gobierno rumano que "salvaguarde los derechos de los niños". Algunos países comunitarios han señalado, a este respecto, que Bucarest ha violado repetidamente la normativa internacional en materia de adopciones, como demuestra un reciente escándalo sobre la adopción de 105 niños rumanos por parejas italianas.
Otra diferencia entre la UE y Rumania se refiere a la legislación medioambiental. Rumania considera que necesita 30.000 millones de euros para modernizar su infraestructura e industrias con el fin de situarlas en un nivel comparable al de los países de la Unión, en lo que se refiere a la contaminación del medio ambiente. La UE ha anunciado ya que podría destinar hasta 9.000 millones de euros a dicha modernización. Otros 10.500 millones serían suministrados por empresas privadas y 5.500 millones más provendrían del propio gobierno rumano, que sería también el encargado de buscar la cantidad que faltara hasta alcanzar los 30.000 millones.
Al final, y dada la existencia de todos estos obstáculos, la posibilidad de que Rumania se adhiera a la UE en 2007 parece bastante lejana. Pese al reciente mejoramiento de la economía, el país no cumple 10 de los 30 criterios formales que son necesarios para la adhesión. En contraste, la vecina Bulgaria cumple 26 de estos criterios y la propia UE ha alabado a este último país señalando que cuenta con "una economía de mercado que funciona". Los responsables europeos ven ahora con preocupación como Rumania está en vías de convertirse en un estado ligeramente autoritario, con una economía de mercado embrionaria, que está todavía dominada por individuos que mantienen importantes conexiones con el partido gobernante.