n los últimos meses la situación en Myanmar (Birmania) parece haber cambiado tras el anuncio de algunos sectores del régimen militar de que se va a proceder a una apertura política inmediata. La comunidad internacional, por su parte, parece haber convertido la liberación de la líder opositora Aung San Suu Kyi, que encabeza la Liga Nacional por la Democracia (NLD), en un criterio básico para enjuiciar la sinceridad de las promesas democratizadoras de la Junta militar birmana y en una condición necesaria para el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el país.
Myanmar ha sido uno de los países objeto de mayores críticas por las organizaciones pro derechos humanos desde que la Junta se negara reconocer en 1990 la victoria en las elecciones de la NLD. Aquellos comicios permitieron al pueblo birmano expresarse libremente por primera vez desde que los militares tomaran el poder en 1962 y construyeran un extraño régimen basado en los principios del socialismo, el budismo y el nacionalismo extremo. La NLD obtuvo 392 de los 485 escaños en las elecciones, mientras que el Partido de la Unidad Nacional, apoyado por la Junta, consiguió sólo 10.
Tras la anulación de los comicios, la Junta puso en marcha una feroz represión contra la oposición, detuvo a muchos de los líderes nacionales y regionales de la NLD y decretó un arresto domiciliario contra Suu Kyi, que pasó así gran parte de los años noventa recluida en su residencia de Yangon (la antigua Rangún). Más tarde, y gracias a las presiones de la ONU y algunos países occidentales, la Junta concedió la libertad condicional a Suu Kyi, e intentó establecer negociaciones con ella en varias ocasiones, aunque tales intentos acabaron resultando infructuosos.
Al mismo tiempo, la Administración Clinton impuso una serie de sanciones contra el régimen birmano, como la prohibición, establecida en 1997, de que las empresas norteamericanas realizaran inversiones en Myanmar. Los miembros de la UE, por su parte, han aprobado en los últimos años medidas para aislar y presionar al gobierno de Yangon para que negociara con Suu Kyi y el NLD. Asimismo, en la 60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, celebrada este año en Ginebra, el gobierno de Myanmar fue condenado por su sistemática violación de los derechos humanos y la supresión de las libertades políticas. En la actualidad, se calcula que existen unos 1.300 presos políticos en las cárceles birmanas.
Estas medidas tuvieron, sin embargo, un efecto limitado, debido sobre todo al apoyo de China al régimen de Myanmar y a la política conciliatoria seguida por sus vecinos, principalmente Singapur, Malasia y, más recientemente, India. Por su parte, Tailandia, que ha mantenido tradicionalmente una posición de flexibilidad en sus relaciones con Myanmar, parece interesada ahora en promover el proceso de apertura en su vecino. Un portavoz del Ministerio de Exteriores tailandés declaró recientemente que el país estaba trabajando estrechamente con la ONU para impulsar dicho proceso. Tailandia ha promovido asimismo la creación del llamado Foro de Bangkok, en el que participan los ministros de Exteriores de Asia y Europa. El primero de los encuentros del Foro tuvo lugar el pasado mes de diciembre.
No obstante, las esperanzas sobre el inicio de una reforma real recibieron un duro golpe en mayo de 2003, cuando Suu Kyi, que había emprendido una gira por diversas ciudades del país para recabar apoyo para su fuerza política, fue colocada de nuevo en una situación de arresto domiciliario después de que el vehículo en que viajaba fuera atacado por una multitud de seguidores del gobierno en el norte del país. Otros altos del NLD continúan asimismo arrestados en diversas prisiones de Myanmar.
La decisión del régimen de detener de nuevo a Suu Kyi irritó a los países occidentales, que emprendieron entonces una campaña de denuncias contra Yangon. Esto generó un sentimiento de preocupación en el seno del régimen que se tradujo finalmente en la dimisión del primer ministro, general Than Shwe, considerado un "duro", y su relevo por el teniente general Khin Nyunt, algo que fue interpretado de una forma positiva por la mayoría de los observadores políticos occidentales, ya que, a pesar de no ser un demócrata, Shwe es más sensible que otros miembros de la Junta gobernante a los requerimientos de la comunidad internacional.

Convención Nacional

Tal y como se esperaba, el nombramiento de Nyunt dio lugar a algunos cambios. El pasado mes de agosto, el nuevo primer ministro anunció un plan de reformas constitucionales y políticas que incluía la creación de una Convención Nacional destinada a aprobar una nueva Constitución, que consagraría teóricamente un sistema de democracia pluralista. La Junta militar anunció además que tal convención sería convocada el 17 de mayo en Yangon y nombró al teniente general Thein Sein coordinador de este proyecto. Los militares comenzaron a trabajar desde entonces para convencer a los grupos étnicos minoritarios, como el de los karen, para que participaran en los trabajos de la convención, a la que también fueron invitados otros sectores sociales como académicos, militares y partidos políticos.
El NLD fue también invitado, aunque dicho partido afirmó que no tomaría ninguna decisión acerca de su participación hasta ver si su líder, Aung San Suu Kyi, era liberada de su arresto domiciliario. Los países occidentales transmitieron al régimen que sus proyectos de reforma carecería de credibilidad si Suu Kyi era mantenida en la actual situación.
La propia Suu Kyi ha dado, por su parte, muestras de su confianza en Nyunt. Una reciente delegación de la ONU, encabezada por Razali Ismail, que tuvo la oportunidad de visitar en su propio domicilio a la líder opositora manifestó que ésta estaba preparada para trabajar junto con el primer ministro en un proceso de reconciliación nacional. De hecho, Suu Kyi ha venido manteniendo conversaciones políticas con altos cargos del régimen en los pasados meses, en especial con el general Kyaw Win, jefe de la Inteligencia militar.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Win Aung, ha señalado que el arresto domiciliario impuesto a Suu Kyi sería levantado antes de que la convención iniciara sus trabajos. Aung también manifestó que el NLD podría funcionar normalmente y reabrir sus oficinas.

Un historial de engaños y promesas rotas

El principal obstáculo para el éxito de estas reformas reside, sin embargo, en la división que existe en la cúpula militar birmana con respecto al tema de la apertura política. Muchos militares, acostumbrados desde hace más de cuarenta años a detentar un poder absoluto en el país, rechazan los cambios políticos democráticos que supondrían, a la postre, el fin de sus privilegios y una posible subida al poder de los líderes de la oposición. Hay que recordar que el régimen militar ya ha ofrecido en ocasiones anteriores reformas similares, pero no ha cedido, sin embargo, hasta la fecha parte alguna de su poder. En 1993, por ejemplo, el gobierno promovió la creación de una convención nacional, que duró tres años hasta que el NLD la abandonó como protesta por la imposibilidad de discutir abiertamente algunos asuntos relativos a la democratización del país. Los observadores de la región consideran que los generales birmanos son maestros en lo que se refiere a crear la sensación de que existe un proceso político en marcha, cuando, de hecho, no está ocurriendo nada.
Algunos diplomáticos han indicado también que el hecho de que el anuncio de la reunión de la Convención en mayo fuera realizado a través de la televisión birmana sugiere que éste estaba dirigido a la propia población de Myanmar, y no a la comunidad internacional.
Todas estas sospechas parecieron confirmarse tras el anuncio del gobierno de Myanmar de que no iba a acudir a la reunión del Foro de Bangkok, que tuvo lugar a finales de abril en Irlanda. Esta decisión no sorprendió a Ted Buri, que encabeza un grupo de parlamentarios birmanos en el exilio. "El Foro de Bangkok estaba decidido a producir un cambio en Myanmar, pero el gobierno de este país no tenía nada que ofrecer para demostrar que su compromiso era real, por lo que no es extraño que no haya acudido", declaró Buri, que fuera elegido diputado en las elecciones de 1990, a la agencia Inter Press. "La Junta de Myanmar tiene un largo historial de engaños y promesas rotas". Buri considera que cualquier cambio real debe llevar aparejada la inmediata liberación de Suu Kyi y demás presos políticos, así como un levantamiento incondicional de las restricciones que pesan sobre la actividad de los partidos.
La oposición birmana ha advertido también que la convocatoria para que se reuniera la Convención Nacional el pasado 17 de mayo "no significa que el régimen esté dispuesto a permitir una libertad de expresión o de maniobra a todos los grupos invitados a ella". De hecho, algunos medios opositores han denunciado que el régimen ha proseguido con sus esfuerzos para marginar al NLD y a su líder, Suu Kyi, antes y después de la celebración de la convención.