"icho en pocas palabras, la cultura de la violencia sádica y perversa que continúa dominando el sistema penitenciario, viola los estándares de decencia contemporáneos ". Estas palabras del juez William Wayne no se refieren a la prisión iraquí de Abu Graib, sino al sistema penitenciario de Texas, y fueron pronunciadas en 1999, cuando el actual presidente, George W. Bush, desempeñaba el cargo de gobernador de dicho estado.
En un reciente artículo de Alexandra Marks y Daniel Wood, publicado en el diario norteamericano The Christian Science Monitor, ambos se referían a los paralelismos entre la actual situación en Iraq y la que reina en los centros penitenciarios de EEUU. El diario señalaba que uno de los acusados de haber cometido los abusos en Abu Graib, Charles Graner, fue un antiguo guardia en una prisión de máxima seguridad de Pennsylvania. Por su actuación en esta última, Graner fue objeto de una acusación por presuntos abusos cometidos a internos, pero no hubo pruebas para condenarle.
Kate Gotsch, coordinadora del proyecto nacional de prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles, declaró sobre este tema a la agencia Reuters: "Vemos ciertamente el mismo tipo de cosas (que ocurrieron en Iraq) aquí en EEUU, incluyendo agresiones sexuales y maltrato de presos, tanto hombres como mujeres... Nuestra oficina ha estado ocupada en numerosos casos en los que los presos han sido violados y humillados por los guardias".
En los pasados 25 años, la población penitenciaria de EEUU se ha cuadruplicado y alcanza ya los 2,1 millones de personas, que se hallan encerradas en 1.600 prisiones. Este crecimiento de la población reclusa ha alimentado las tensiones entre guardianes e internos. Ha creado también una mayor presión financiera sobre el gobierno, que debe gastar ahora mucho más dinero en mantener a más reclusos. Los recursos destinados a los programas de rehabilitación, educación y actividades recreativas se han reducido, lo cual significa que la vida en el interior de los centros penitenciarios ha empeorado y que los presos tienen ahora menos oportunidades para reinsertarse de forma efectiva en la sociedad cuando salen de la cárcel. Existe también un problema racial, ya que la mayoría de los reclusos son personas de color, que viven en áreas predominantemente urbanas. En la actualidad, un 5% de los varones adultos negros de EEUU se hallan en prisión.
Todo ello ha llevado a una creciente deshumanización, que constituye el caldo de cultivo para que se produzcan malos tratos y abusos. Estos últimos se ven amparados también por el código de silencio que existe entre los guardias de las prisiones. Un miembro del Senado de California, Ricard Steffen, declaró en este sentido al Christian Science Monitor que "existe un código de silencio en las prisiones de California, que corrompe a los guardias. Éstos no pueden dar parte de los abusos que ven, puesto que si denuncian a compañeros, los otros guardias les harán posteriormente el vacío".

Tolerancia hacia los abusos

Los abusos a presos se ven también favorecidos por la tolerancia cómplice de los alcaides y otros responsables del sistema penitenciario. El 28 de diciembre, por ejemplo, fue publicado un artículo en Los Angeles Times, bajo el título de " Despite State Promises, Reform Eludes Prisons" (Pese a las promesas del Estado, la Reforma Elude las Prisiones), donde se desvelaba que un tribunal federal norteamericano estaba investigando las alegaciones de que un alto responsable del sistema de prisiones de California y sus subordinados habían estado bloqueando una investigación interna sobre los abusos y brutalidades cometidos por una serie de guardias.
En Texas la situación es aún peor. Un caso célebre fue el de Roderick Johnson, que fue encerrado en la prisión de Alred, en Wichita Falls. Johnson denunció haber sido objeto de repetidos abusos sexuales allí por parte de una banda de reclusos. Él pidió entonces ayuda a diferentes niveles de las autoridades penitenciarias, pero estas peticiones fueron ignorados.
Según diferentes organizaciones pro derechos humanos, durante el período (1995-1999) en que George W. Bush fue gobernador de Texas se produjeron en dicho estado graves violaciones de los derechos humanos de los presos. En septiembre de 1996, por ejemplo, guardias de la prisión del condado de Brazoria llevaron a cabo un registro para buscar drogas en las celdas de los reclusos, que fue filmado con cámaras de video para que sirviera de enseñanza a otros guardias. En el video se muestra a presos arrastrándose por el suelo siguiendo las órdenes de guardias que les encañonaban. Los guardias emplearon perros y uno de los internos resultó mordido en una pierna.
En Nueva York se han producido también múltiples episodios de abusos y maltratos contra presos. Uno de ellos, Abner Louima, fue sodomizado en 1997 con una escobilla de retrete. Más tarde, la escobilla, cubierta de sangre y heces, fue empleada para golpearle el rostro y romperle los dientes. La policía de Nueva York investigó este incidente, pero lo archivó tras afirmar que Louima se había "autoinfligido" los golpes. Algún tiempo después, un oficial de policía se confesaría culpable del ataque sufrido por Louima.
En 1998, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch describió en un informe los abusos de las fuerzas de seguridad y guardias de prisiones de EEUU y denunció las deficiencias de los sistemas de control y la "tolerancia" de los altos responsables de las prisiones y del sistema en general. Según Human Rigths Watch, todos estos elementos han fortalecido la creencia ya existente entre los guardias de diferentes prisiones del país de que es posible cometer abusos y maltratos sin el peligro de ser expulsado del trabajo o procesado por estos mismos hechos.
El informe de Human Rights Watch también denunciaba la "repetida práctica de torturas" por parte de la policía de Chicago, que ha utilizado descargas eléctricas, aplicadas en la cabeza y los genitales de algunos detenidos. Estas prácticas fueron reconocidas por el propio Ayuntamiento de Chicago tras el escándalo de torturas a Marcus Wiggins, un chico de 13 años que fue capaz de suministrar a los policías de asuntos internos de la ciudad pruebas suficientes de los abusos de que había sido objeto.
En la prisión del condado de Cook, también en Chicago, ha habido también denuncias que implican a miembros del Equipo de Operaciones Especiales (SORT) en diversos abusos de tipo racial. El 4 de febrero de 1999, miembros del SORT, acompañados de perros policía, ordenaron a 400 presos salir de sus celdas y arrasaron lo que encontraron en estas últimas. Más tarde, obligaron a los presos a permanecer de cara a un muro con las manos detrás de la cabeza. Quien trataba de desviar su mirada de la pared era atacado con una porra de madera. Otros presos fueron obligados a tumbarse en el suelo donde fueron golpeados. Uno de estos presos manifestó que había sido apaleado con bastones hasta que se orinó encima y sufrió convulsiones. Los guardias impidieron también que los presos golpeados pudieran recibir posteriormente una atención médica.
El informe de Human Rights Watch señala también, como dato preocupante, que de las 10.129 denuncias de abusos contra los derechos civiles y constitucionales de presos que fueron revisadas por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia en el período que cubre el informe sólo 1 de cada 500 acabó en los tribunales. El documento señala incluso que los oficiales de policía o guardias implicados en estos abusos obtienen a menudo recompensas y distinciones, así como "evaluaciones positivas y ascensos".