ecientemente, el Senado norteamericano se negó a debatir una resolución de su Comité de Relaciones Exteriores, respaldada por el gobierno de Washington, que recomendaba que EEUU ratifique la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, un mecanismo que permite resolver de forma efectiva las disputas sobre las aguas marítimas y sus recursos en el mundo entero.
En las últimas semanas se ha debatido extensamente en EEUU acerca de si el país debe ratificar o no el tratado. La mayor parte de la prensa estadounidense -incluyendo algunos grandes medios como Los Angeles Times, The Boston Globe, The Philadelphia Inquirer y otros- han publicado editoriales, en los que se subraya la necesidad de proceder a tal ratificación.
Hasta el momento este tratado, que data de 1982, ha sido ratificado por 145 países, pero no por EEUU. Los presidentes conservadores Ronald Reagan y George Bush padre se mostraron hostiles en su día a la Convención y boicotearon su ratificación, asegurándose de que la tramitación quedara bloqueada en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Por su parte, la Administración Clinton sacó de nuevo a relucir el tema en 1994 y obtuvo, tras una negociación, importantes concesiones de la ONU, que recortaban en gran medida las facultades de la AIFM. Sin embargo, el mandato de esta Administración concluyó antes de que la tramitación del tratado pudiera llegar al Senado.
La causa de este rechazo a la ratificación de la Convención hay que situarla en la oposición de varios influyentes grupos conservadores -como la Heritage Foundation, el American Policy Center y la Free Congress Foundation- a dicho tratado, que podría limitar, según ellos, la capacidad que tiene EEUU para controlar sus propios recursos naturales.
Estos grupos, que poseen una notoria influencia sobre la actual Administración republicana, sienten una profunda hostilidad en especial hacia la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), que regula todo lo referente al medio marino costero y suele remitir las disputas sobre la soberanía a un tribunal internacional. La AIFM tiene competencias para aprobar tasas, expedir permisos de pesca y actividades de prospección, imponer cuotas para la explotación de las reservas de gas y petróleo, fijar los precios de los productos marinos etc. Los mencionados sectores conservadores de EEUU consideran que la AIFM, que opera fuera de la supervisión del Consejo de Seguridad de la ONU, podría ser influenciada por los países del Tercer Mundo, en contra de los intereses estadounidenses.
El presidente de la Free Congress Foundation, Paul M. Weyrich, ha manifestado, en una reciente entrevista publicada en el sitio web de su organización, su satisfacción por el hecho de que los conservadores hayan podido hasta el momento impedir que la Administración Bush ratifique el tratado, que ya no será previsiblemente debatido en el Senado este año.
Los responsables de estos grupos ultraconservadores, enemigos de la ONU y los Tratados internacionales en general, han hablado también del "aprovechamiento" que algunos países rivales de EEUU podrían sacar de una ratificación de la Convención sobre el Derecho del Mar por parte de Washington. Ellos argumentan, por ejemplo, que China está utilizando diversas normas internacionales para promover sus intereses económicos y objetivos de seguridad. Entre ellas estarían algunas que se refieren a la necesidad de compartir información concerniente a la exploración y explotación de los recursos mineros costeros, lo cual ha llevado en la práctica a transferencias de tecnología no deseadas. En este sentido, el analista de Defensa, Peter Leitner, que se muestra contrario a la ratificación del tratado, prestó testimonio el pasado mes de marzo ante un Comité del Congreso, donde manifestó que Pekín ha podido adquirir "información tecnológica vital para nuestra seguridad nacional" mediante la transferencia de una tecnología destinada en principio a permitir la explotación de los recursos mineros de su costa. Pese a las protestas del Pentágono, que alegó que esta transferencia podría incrementar la capacidad de China en el campo de la guerra submarina, esta tecnología le fue entregada a Pekín por algunas agencias del gobierno norteamericano, en cumplimiento de las mencionadas normas.

Llamamientos en favor de la ratificación

Pese a haber logrado una vez más bloquear la ratificación del tratado, los sectores ultraconservadores no parecen tenerlas todas consigo. El pasado mes de febrero, estos círculos sufrieron un fuerte revés cuando el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó por unanimidad la ratificación. Curiosamente, ésta cuenta también con el apoyo de la Marina de EEUU. El Almirante James Watkins ha calificado recientemente el tratado como "el fundamento del orden público en nuestros océanos".
Los argumentos de los partidarios de la ratificación están basados en tres puntos, que fueron recogidos en un reciente artículo del periódico Washington Times. En primer lugar, el diario apuntaba a que la Convención sobre el Derecho del Mar protege, en realidad, la seguridad nacional de EEUU, ya que mejora los derechos de tránsito de las fuerzas navales de EEUU en todo el mundo. El general Richard Myers, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, manifestó en abril pasado, en este sentido, que el tratado era "una prioridad de la seguridad nacional de EEUU".
Por otro lado, Washington Times señalaba que el tratado protegía los intereses comerciales estadounidenses al garantizar a cada estado el control de su plataforma continental, lo cual eliminaba la incertidumbre de los inversores a la hora de financiar proyectos en las aguas o el lecho de la plataforma continental norteamericana. En tercer lugar, la Convención ayuda a luchar contra la contaminación en el mar y promueve la conservación de los escasos recursos marinos, hecho éste que resulta importante para algunos estados, como el de Florida, que dependen económicamente -en sectores como el turismo, la pesca y otros- de la existencia de unas aguas limpias y no contaminadas.