l pasado 16 de junio se produjeron diversos choques entre soldados israelíes y manifestantes palestinos, que protestaban en contra de la extensión del Muro del Apartheid israelí hasta el asentamiento judío de Ariel, situado en mitad de Cisjordania. Si los planes del gobierno israelí se cumplen, esto llevará a que dicho asentamiento quede situado en la parte occidental del Muro, lo cual significa que casi la mitad de la Cisjordania palestina quedará entonces anexionada de facto a Israel. Esto dejará en manos de los palestinos poco más de un 10% de la Palestina histórica, situación ésta que es absolutamente inaceptable no sólo desde un punto de vista político, sino también humanitario, porque supone, de hecho, encerrar a más de dos millones de personas dentro un puñado de guettos o grandes campos de concentración rodeados por fuerzas israelíes. La ampliación del Muro impedirá asimismo a los palestinos poder desplazarse libremente por su propio territorio, lo cual supone una grave violación del Derecho Internacional.
Hay que recordar también que, según la ley internacional, todos los asentamientos judíos en los Territorios Ocupados son ilegales, por lo que no cabe otra solución que su desmantelamiento. Estos asentamientos violan la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a los estados transferir cualquier parte de su población civil a territorios conquistados por medio de la fuerza militar. Por su parte, las resoluciones 446, 452, 465 y 471 del Consejo de Seguridad llaman explícitamente a Israel a eliminar sus asentamientos en los territorios ocupados en la guerra de junio de 1967, es decir, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Las resoluciones 242 y 338 piden además a Israel que se retire de dichos territorios.
En este sentido, el anuncio del primer ministro israelí, Ariel Sharon, de que Israel planea conservar en el futuro algunos de los asentamientos construidos en Cisjordania, entre ellos el de Ariel, supone un abierto desafío a la comunidad internacional y al Derecho Internacional. Pese a ello y a las condenas procedentes de todo el mundo, Israel continúa adelante con sus planes para ampliar estos asentamientos. El pasado 15 de junio, la cadena norteamericana ABC News reveló que Israel "está considerando el construir miles de nuevas viviendas para los colonos en Cisjordania, siguiendo el plan de Sharon para anexionar grandes partes de ese territorio". Por su parte, el diario israelí Maariv ha indicado que el ministro de Defensa, Shaul Mofaz, habría pedido a los militares israelíes que elaboren, en los próximos tres meses, planes para la construcción de miles de viviendas en los asentamientos de Gush Etzion, Maale Adumin y Ariel. Mofaz se reunió el 14 de junio con los líderes de los colonos del asentamiento de Gush Etzion y les prometió que consideraría su propuesta para construir 5.300 nuevas viviendas en una primera ronda y 7.500 más posteriormente. Shaul Goldstein, vicepresidente del Consejo Yesha, que agrupa a los colonos de los Territorios Ocupados, confirmó también que había tratado con Mofaz el tema de la construcción de más viviendas en los asentamientos. Cabe señalar que otros responsables israelíes han ido más lejos y han declarado que podrían ser situadas más viviendas dentro de los "límites municipales" trazados cuando se construyeron los asentamientos, lo cual permitiría construir tales viviendas a cierta distancia del propio asentamiento y no necesariamente en su interior. Esto llevaría a una apropiación de tierras palestinas mucho mayor.
En realidad, la extensión del Muro hasta el asentamiento de Ariel supondría un fuerte incremento en las confiscaciones de tierras palestinas, un robo que también está condenado por el Derecho Internacional. A principios de junio, funcionarios del Ministerio de Defensa israelí entregaron a los palestinos residentes en la ciudad de Salfit, al sur del asentamiento de Ariel, órdenes de expropiación de sus tierras, que se hallan en la ruta que seguirá el Muro.
Por todo lo anterior, no es exagerado decir que la ampliación del Muro hasta el asentamiento de Ariel y otros situados en el interior de Cisjordania constituye una de las más graves violaciones de la ley internacional de las últimas décadas, y no hay duda de que, si la decisión israelí se acaba materializando, esto provocará la muerte segura del proceso de paz y la desaparición de la posibilidad de alcanzar una solución basada en la creación de dos estados. Los palestinos tendrán que pasar entonces a reivindicar la fórmula de "un solo estado con un voto por habitante".
El asentamiento de Ariel no es, como ya se ha indicado, el único situado profundamente en el interior de Cisjordania que quedará localizado dentro del lado israelí del Muro. Existen también planes para que otros dos asentamientos situados en el norte de Cisjordania, el de Emmanuel y Kedumin, queden también rodeados por el este por esta barrera. Todo ello revela a las claras que Sharon considera, en efecto, el Muro como una futura frontera entre el Estado de Israel y un conjunto de guettos sitiados que constituirían el futuro "estado" palestino.
Por su parte, los palestinos han reiterado que no aceptarán una solución del conflicto que no respete la legalidad internacional y que no conlleve la retirada israelí de todos los territorios ocupados en 1967, es decir, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Desde el principio, los palestinos rechazaron el plan de Sharon para abandonar Gaza de forma unilateral, al comprender que este plan era una simple maniobra de diversión destinada a engañar a la opinión pública internacional haciéndola creer que Israel estaba devolviendo parte de los Territorios Ocupados, cuando, en realidad, se estaba preparando para anexionar grandes partes de Cisjordania. Resulta también probable que, a pesar de las promesas israelíes en otro sentido, los colonos de Gaza sean recolocados en las nuevas viviendas que van a ser construidas en los asentamientos de Cisjordania.

Complicidad norteamericana

Por su parte, Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado de EEUU, manifestó que la decisión israelí de ampliar el Muro hasta rodear el asentamiento de Ariel era "problemática". "Esta decisión supone un problema, puesto que prejuzga las fronteras finales, lleva a la confiscación de tierras palestinas e impone mayores sufrimientos al pueblo palestino", señaló Boucher. Estas palabras son, en realidad, un ejemplo más del cinismo con que Washington ha venido actuando en el conflicto palestino-israelí durante los pasados meses y años. Baste recordar al respecto que el propio Bush aprobó la demanda de Sharon para anexionar a Israel varios de los mayores asentamientos judíos en Cisjordania. Según algunos informes de la prensa israelí, Sharon llevó a Washington cuatro planes diferentes que contemplaban también distintos niveles de retirada israelí. Al final, Bush aprobó el que permitía a Israel anexionar la mayor cantidad de territorio palestino.
Esta complicidad norteamericana con la colonización israelí en los Territorios Ocupados tuvo su máxima expresión en la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de EEUU, el pasado 23 de junio, de una resolución que respaldaba públicamente el contenido de una carta de Bush, en la que el presidente estadounidense aprobaba el plan unilateral de Sharon, que incluye, como se ha mencionado, la colonización y anexión de grandes partes de Cisjordania. La resolución -que fue presentada por el congresista ultra Tom DeLay, y apoyada por el grupo fundamentalista evangélico Coalición Cristiana y el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí (AIPAC), la organización más importante del lobby proisraelí en EEUU- fue aprobada por 407 votos a favor y sólo 9 en contra. Esta aprobación supone que, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, EEUU acepta de forma oficial la anexión de territorios por medio de la fuerza.
Significativamente, la resolución señala que "EEUU hará todo lo posible para impedir cualquier intento de cualquier parte para imponer otro plan distinto". Esta cláusula está dirigida, sin duda, a sabotear el Plan de Paz de Ginebra -aprobado por un grupo de políticos moderados israelíes y otro de responsables palestinos-, que cuenta con un notable respaldo internacional. Este plan es también apoyado por la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y de los judíos norteamericanos, según señalan diversas encuestas.
La resolución de la Cámara de Representantes ni siquiera menciona el Plan de la Hoja de Ruta, que los propios EEUU patrocinaron, junto con los demás miembros del Cuarteto (la ONU, la Unión Europea y Rusia). Este plan incluye, entre sus puntos básicos, la congelación de los asentamientos, y estipula que el resto de los asuntos, incluyendo el de las futuras fronteras, será objeto de negociaciones entre ambas partes.
La mayoría de los observadores, incluyendo altos responsables militares y de inteligencia de Israel, creen que si se destruye la esperanza de los palestinos de poder conseguir un estado viable a través de unas negociaciones, esto llevará a un fortalecimiento de los grupos radicales y a un incremento del terrorismo. Sin embargo, el Congreso de EEUU rechaza este punto de vista insistiendo en que la anexión de tierras palestinas "reforzará la seguridad de Israel y hará avanzar la causa de la paz en Oriente Medio".
La resolución exige también que el "estado" palestino que pueda surgir eventualmente de este proceso esté "sea un Estado de Derecho que respete los derechos humanos". Sin embargo, nada se dice en la resolución con respecto a las fuerzas de ocupación y los colonos israelíes, pese a que son éstos los que violan de forma continua y espantosa la ley internacional y los derechos humanos del pueblo palestino.
Según la resolución, el gran obstáculo para la paz y la seguridad en Oriente Medio es el "terrorismo" palestino, y no la ocupación israelí y la cruel represión que la acompaña. Además, la resolución llama a EEUU a reforzar el poder militar israelí y defiende el "derecho" de Israel a lanzar ataques preventivos contra los grupos palestinos que "amenacen a ciudadanos israelíes", categoría ésta que presumiblemente incluye a los militares ocupantes israelíes y a los colonos, que son responsables de la muerte de decenas de miles de civiles palestinos, incluyendo gran número de niños.
La resolución del Congreso viola también las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que exigen a Israel, como ya se ha dicho, la retirada de los territorios ocupados en 1967. Todas las anteriores administraciones estadounidenses, ya fueran demócratas o republicanas, habían aceptado el principio de que estas resoluciones constituían la base para la futura solución del conflicto árabe-israelí. En un increíble acto de cinismo, la resolución de la Cámara de Representantes afirma que nadie debería esperar que Israel desmantele sus asentamientos "en vista de las nuevas realidades existentes sobre el terreno". En este sentido, la Cámara de Representantes parece olvidar que tales realidades han sido creadas en base en base a un proceso de colonización que viola las antedichas resoluciones del Consejo de Seguridad. Más significativamente aún, la resolución sitúa explícitamente dichos asentamientos "en Israel", reconociendo así la anexión israelí de estos territorios, incluso antes de que ésta se produzca de manera formal. Así pues, y a diferencia de lo que ocurrió en el caso del Iraq de Saddam, Israel se sitúa por encima de las resoluciones de Naciones Unidas y el Derecho Internacional en general y puede violar e ignorar su contenido siempre que lo desee. Todo esto supone una quiebra irreparable de la ley y de las instituciones internacionales, que habían venido constituyendo hasta la fecha el pilar sobre el que se asentaba todo el sistema de estabilidad global.