as torturas y humillaciones cometidas contra los prisioneros iraquíes por parte de militares, contratistas privados y agentes de los servicios de inteligencia de EEUU ha levantado un escándalo internacional que amenaza con salpicar en la actualidad a la cúpula dirigente de la Administración Bush.
Dentro de EEUU, han comenzado a oírse voces que piden la inmediata dimisión de Donald Rumsfeld como secretario de Defensa, por considerarle el máximo responsable del escándalo. Algunos miembros del Congreso -como la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nacy Pelosi, y el senador Edward Kennedy- han pedido a Bush que proceda a la destitución de Rumsfeld señalando que este escándalo de las torturas ha supuesto otro duro golpe para la imagen de EEUU en el mundo y ha contribuido a deteriorar aún más las relaciones con el mundo árabe e islámico.
Otros congresistas han reconocido más o menos públicamente que, en realidad, no sólo tendría que ser cesado Rumsfeld, sino también la totalidad de su equipo, incluyendo al secretario de Defensa adjunto, Paul Wolfowitz; el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Richard Myers; y otros altos responsables civiles y militares del Pentágono implicados en las torturas o encargados de la supervisión de las cárceles iraquíes.
La comparecencia de Rumsfeld en la sesión del Comité de Servicios Armados del Senado el pasado 7 de mayo fue muy tensa, aunque finalmente ningún legislador republicano acabó uniéndose a las peticiones de dimisión de los demócratas. Cuando la Casa Blanca estuvo segura de que contaba con el apoyo de los congresistas republicanos en este tema y comprobó que, según las encuestas, un 70% de los norteamericanos no consideraba tampoco necesario que el secretario de Defensa dimitiera por el escándalo de las torturas, salió entonces públicamente en su defensa. El primero en hacerlo fue el vicepresidente, Dick Cheney, que declaró que Rumsfeld era "el mejor secretario de Defensa que EEUU haya tenido jamás". Más tarde, el propio Bush pronunció otro discurso respaldando a Rumsfeld en unos términos sumamente elogiosos: "Tú has liderado a nuestra nación en la guerra contra el terrorismo. Estás haciendo un trabajo soberbio. Eres un secretario de Defensa fuerte y la nación tiene contraída contigo una enorme deuda de gratitud". Bush reiteró de nuevo su apoyo a Rumsfeld después de que se supiera que éste había ordenado la detención secreta de un iraquí, presunto miembro de un grupo radical, durante siete meses, sin notificar dicho arresto a la Cruz Roja.
En realidad, una posible destitución de Rumsfeld tendría un elevado coste político para Bush, pues el secretario de Defensa ha sido el principal arquitecto de la guerra de Iraq. Su relevo equivaldría así a admitir que toda la política norteamericana en el tema de Iraq ha sido un error y esto destruiría también la carrera de Bush, que ha manifestado en múltiples ocasiones que su propio futuro político está vinculado a lo que suceda en dicho país. Asimismo, una destitución de Bush sería interpretada, a juicio de los asesores del presidente, como un signo de debilidad a unos pocos meses de las elecciones, y esto es algo que Bush desea evitar a toda costa.
Sin embargo, las cosas no parecen ser lo mismo en público que en privado. El New York Times y el Washington Post han revelado recientemente, basándose en fuentes no desveladas de la propia Administración Bush, que Bush habría amonestado privadamente a Rumsfeld por no haberle advertido acerca de la existencia de las fotografías de los prisioneros torturados con anterioridad a que éstas salieran publicadas en los medios. Según esas mismas fuentes, el secretario de Estado, Colin Powell, y otros miembros del Departamento de Estado estarían también furiosos por la actitud del Pentágono de mantenerlos en la ignorancia con respecto a los resultados de sus investigaciones en este tema y por haber desoído sus advertencias acerca de las posibles consecuencias que podrían acarrear los maltratos a los presos en las prisiones de Iraq, así como las de Afganistán y Guantánamo.
Por su parte, Los Angeles Times sostiene que Bush fue informado personalmente por Rumsfeld de la existencia de los abusos el pasado mes de enero, lo cual viene a arrojar dudas sobre la actuación del presidente en este tema.

Divisiones en la cúpula política y militar

Cabe señalar, sin embargo, que el rechazo de muchos políticos y militares norteamericanos a la continuidad de Rumsfeld al frente del Departamento de Defensa no es fruto solamente del escándalo de las torturas a los presos iraquíes, sino que tiene que ver, por encima de todo, con el fracaso de la ocupación estadounidense en Iraq. Recientemente, la Administración Bush ha pedido una nueva partida de fondos, cifrada en unos 25.000 millones de dólares, destinada a sostener su esfuerzo bélico en Iraq y Afganistán, lo cual eleva el coste total de ambas guerras, desde 2001 hasta la actualidad, a la astronómica cifra de 191.000 millones. Lo peor de todo es que, dada la actual situación en Iraq, estos costes seguirán aumentando.
Muchos responsables políticos en Washington no olvidan tampoco que Rumsfeld aseguró en vísperas de la guerra al Congreso y a la opinión pública norteamericana que el número de soldados estadounidenses en Iraq quedaría reducido a algunas decenas de miles (quizá unos 50.000) a finales de 2003, dado que los "liberados iraquíes" podrían hacerse cargo de gran parte de las tareas de seguridad. En la actualidad, sin embargo, EEUU está librando una guerra de guerrillas en Iraq con la que pocos contaban y que le obliga a mantener a 135.000 soldados desplegados de forma permanente en ese país, cifra elevada pero insuficiente para lograr un control efectivo de la situación. A esto hay que añadir que el número de militares estadounidenses fallecidos supera ya la cifra de 800 y el de heridos alcanza los varios miles.
El crecimiento del número de bajas norteamericanas ha hecho también que la opinión pública de EEUU haya comenzado a cambiar su postura con respecto a la guerra. Tras los fuertes combates de abril en diversas ciudades iraquíes y el estallido del escándalo de las torturas, el apoyo a la política de Bush en Iraq cayó aún más. De hecho, las encuestas difundidas por la agencia Gallup en los meses de mayo y junio de este año señalaban ya que un 55% de los estadounidenses consideraban que la guerra de Iraq no había valido la pena y se oponían a la actuación del presidente en el conflicto. Esto es especialmente preocupante para Bush, ya que el aspecto de su gestión que ha merecido una mayor tasa de aprobación por parte de los norteamericanos es precisamente su condición de "líder del país en guerra", ya sea ésta contra Iraq o "contra el terrorismo".
Por su parte, la prensa norteamericana, que difundió con bastante profusión las fotos de los prisioneros iraquíes torturados -más por razones sensacionalistas que de oposición sincera a la actuación de las tropas norteamericanas en Iraq- se ha posicionado también en este tema. Dos influyentes medios, el New York Times y el Boston Globe, han pedido recientemente la destitución de Rumsfeld en sendos editoriales. En ellos, se juzgaba al secretario de Defensa como un hombre "arrogante e incompetente". Esto hace pensar que algunos sectores políticos y mediáticos están intentando aprovechar el escándalo de las torturas en Iraq para expulsar a Rumsfeld de su cargo por su incapacidad para resolver los desafíos políticos y militares a los que hace frente el Ejército estadounidense en Iraq. En este sentido, los dos editoriales cuestionaban abiertamente los planes de Rumsfeld para Iraq y el del Globe le acusaba además de haber "transformado lo que debía haber sido una misión de liberación en una ocupación llena de riesgos". Esto deja claro que las críticas de estos diarios a Rumsfeld no están motivadas por las torturas a los presos iraquíes o su decisión de invadir ilegalmente otro país, sino por su fracaso en llevar esta invasión a buen puerto.
No cabe duda de que la actual situación en Iraq preocupa seriamente a numerosos políticos y militares en Washington. Recientemente, el congresista John Murtha, un político del ala derecha del Partido Demócrata y con estrechas conexiones con el Pentágono, afirmó que la guerra de Iraq "no se podía ganar" y atacó públicamente la estrategia y los errores cometidos por la Administración Bush en este conflicto.
Estas manifestaciones de Murtha y las disputas casi públicas entre el Pentágono y el Departamento de Estado son, en realidad, un reflejo de las divisiones que existen dentro del establishment político y militar de EEUU a propósito de la guerra. Resulta significativo a este respecto un duro editorial publicado recientemente en el periódico Army Times -de titularidad privada, pero ampliamente leído en el Pentágono y por los militares norteamericanos en todo el mundo-, en el que se indicaba claramente que la responsabilidad por los abusos en Iraq alcanzaba a los escalones más altos, es decir, al secretario de Defensa y al general Myers, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor. El periódico señalaba que ambos eran culpables de negligencia profesional. "La petición de responsabilidades por estos hechos es esencial, incluso si ello implica el retirar a los jefes supremos del servicio en tiempo de guerra", concluía el editorial.
Algunos altos jefes militares retirados, como el antiguo jefe del Mando Central de EEUU, el general Anthony Zinni, y su homólogo del Mando Sur, el general Barry McCaffrey, han advertido también que el Ejército norteamericano se encuentra sobreextendido en la actualidad, en especial por causa de la guerra de Iraq. Otros altos responsables militares no han hecho tampoco un secreto de su resentimiento hacia Rumsfeld y Wolfowitz -que, al igual que otros de los actuales dirigentes civiles del Pentágono, nunca participaron en combates- por la forma en que ambos destituyeron al antiguo jefe del Estado Mayor, Eric Shinseki.
Shinseki advirtió antes de la guerra que se necesitarían al menos 200.000 soldados para ocupar Iraq después de la invasión, afirmación ésta que fue rechazada con desdén por Wolfowitz. De hecho, ni este último ni Rumsfeld acudieron a la ceremonia de despedida del cargo de Shinseki. No cabe duda, sin embargo, de que al final la historia le ha dado la razón.

Crímenes de guerra

En realidad, la existencia de los casos de tortura en Iraq no debería de extrañar a nadie, si se tiene en cuenta la existencia del precedente de Afganistán, donde fueron cometidos graves crímenes de guerra por parte de las tropas norteamericanas y sus aliados afganos. Cabe recordar, por ejemplo, lo ocurrido tras la rendición de la fortaleza de Kunduz en noviembre de 2001. En aquel entonces, Rumsfeld manifestó que EEUU "no estaba interesado en negociar rendiciones" y señaló que aunque los talibanes afganos podrían quedar en libertad en base al acuerdo de rendición, los combatientes extranjeros que luchaban con ellos no debían esperar misericordia. "Mi esperanza es que mueran o que sean hechos prisioneros", señaló. Al final, sin embargo, ambos grupos tuvieron que afrontar las dos opciones planteadas por Rumsfeld. Un año más tarde, Jamie Doran, un productor de la televisión británica, mostró en un documental como cientos de estos prisioneros -tanto talibanes como "combatientes extranjeros"- murieron asfixiados en los contenedores de los camiones que los llevaban a la prisión de Shebargan. Según señala la revista Newsweek (26 de agosto de 2002), "cuando los contenedores fueron finalmente abiertos, una masa de orina, sangre, heces, vómito y carne podrida era todo lo que quedaba de aquellos prisioneros... Los jefes de la prisión recibieron entonces la orden de deshacerse de aquellas pruebas rápidamente". La revista añadía que "las fuerzas norteamericanas trabajaron entonces estrechamente con los aliados (es decir, las fuerzas de la Alianza del Norte), en lo que bien podría calificarse de crímenes de guerra". En lo que se refiere a los 600 prisioneros talibanes que sobrevivieron a los contenedores, éstos "fueron llevados a un lugar en el desierto, cercano a la prisión, y ejecutados en presencia de 30 ó 40 miembros de las fuerzas de operaciones especiales de EEUU" (Globe and Mail, 19 de diciembre de 2002).
Diversos artículos publicados en las pasadas semanas han puesto de manifiesto también la existencia de numerosas advertencias y denuncias tempranas de lo que ocurría en Abu Graib y otras prisiones de Iraq, lo cual sugiere que el Pentágono supo con mucha antelación a la publicación de las fotos lo que estaba pasando. Cabe recordar que los abusos reflejados en las fotos tuvieron lugar entre octubre y diciembre de 2003. En esas fechas, al menos un soldado norteamericano informó de estos hechos a sus superiores, que dieron a su vez parte a Washington. Sin embargo, en el intervalo de cinco meses que transcurrió entre estas denuncias y la publicación de las fotos en los medios de comunicación norteamericanos, Rumsfeld no hizo nada por impedir tales hechos.
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha manifestado que advirtió ya en enero de 2004 a Rumsfeld; a la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice; al secretario adjunto de Defensa, Paul Wolfowitz; y al administrador civil norteamericano en Iraq, Paul Bremer, que los abusos masivos que tenían lugar en las cárceles de Iraq "equivalían de hecho a torturas", señala Pierre Kraehenbuehl, director de operaciones del Comité. Kraehenbuehl añadió que las investigaciones realizadas por el CICR mostraban la existencia de "unas pautas de actuación y un sistema" en la realización de estos abusos, lo cual desmiente que fueran "actos individuales aislados de miembros de las fuerzas de la coalición". En una visita realizada en el mes de octubre de 2003 a Abu Graib, los observadores del CICR fueron testigos de la práctica de "mantener a personas completamente desnudas en celdas de cemento, en una total oscuridad y durante varios días consecutivos". El informe de la Cruz Roja señala también que los sospechosos "eran duramente golpeados por el personal (de las fuerzas de la coalición)" y "un hombre, identificado como Baha Daud Salim, de 28 años de edad, falleció a consecuencia de estos malos tratos". Según indica el informe, "los otros presos le oyeron gritar pidiendo ayuda". El documento de la Cruz Roja revela, por último, citando a responsables de inteligencia de la coalición, que "entre el 70% y el 90% de los detenidos en las prisiones de Iraq, han sido arrestados por error".
Como muestra más de la mala fe de Rumsfeld y su intención de ocultar las torturas, cabe mencionar su reciente orden, que prohibe el uso de teléfonos móviles con cámaras en las instalaciones militares de EEUU, según desvela el periódico The Business. Al parecer, el Pentágono está convencido de que algunas de las fotos de las torturas que han salido a la luz fueron tomadas precisamente con este tipo de cámaras.

Los documentos del Pentágono

Igualmente graves para Rumsfeld han sido las revelaciones contenidas en algunos documentos desclasificados por la Casa Blanca. Uno de ellos desvela concretamente que el secretario de Defensa aprobó en diciembre de 2002 una serie de "técnicas de interrogatorio", equivalentes de hecho a torturas, que iban a ser utilizadas con los presos de la cárcel de Guantánamo. Los documentos desvelan que entre las técnicas aprobadas se encontraban las de desnudar a los prisioneros, mantenerlos aislados durante períodos de hasta 30 días, alargar sus interrogatorios hasta unas 20 horas, privarles de luz, atemorizarles mediante el uso de perros y aplicarles "contactos físicos moderados que no causen heridas".
La aprobación de estas técnicas por parte de Rumsfeld fue una consecuencia de una petición realizada por el general Geoffrey Miller, jefe del campo de detención de Guantánamo, que se quejó de que "las actuales directrices existentes acerca de los procedimientos de interrogatorio limitan la capacidad de los interrogadores de quebrar la resistencia de los detenidos". Poco después de recibir esta petición, Rumsfeld aprobó la utilización de las técnicas descritas anteriormente. El documento desclasificado por la Casa Blanca señala, sin embargo, que tal aprobación fue revocada por medio de otra orden del propio Rumsfeld, fechada el 15 de enero de 2003. Sin embargo, en abril de 2003 Rumsfeld aprobó una nueva lista de técnicas de interrogatorio que permitía un incremento significativo en el nivel de temor que se podía causar a un detenido, así como "cambios en su dieta" o "ajustes de sueño".
Por su parte, el senador demócrata Patrick Leahy, de Vermont, ha acusado a la Casa Blanca de desclasificar sólo los documentos que le interesan, lo cual deja abierta la puerta a la posible existencia de material aún más comprometedor para Rumsfeld y otros miembros de la Administración Bush.
Cabe añadir que un memorándum fechado el 1 de agosto de 2002 y elaborado por un consejero legal del gobierno norteamericano, Jay S.Bysee, dio también su conformidad al empleo de dichas técnicas, en base a que éstas iban a ser empleadas en "actuaciones regidas por la buena fe (!) y no por la intención maliciosa o sádica de causar daños". "La regulación federal que establece la prohibición de las torturas no será violada (por la aplicación de estas técnicas) porque ninguna de ellas está dirigida a causar un severo dolor físico o un daño mental prolongado", señalaba el memorándum.
Cabe señalar que el carácter monstruoso de estas afirmaciones, más dignas de un psicópata que de un asesor legal de un gobierno, no escapó a los abogados de la Casa Blanca, que se apresuraron a distanciarse públicamente de las afirmaciones contenidas en este documento. Uno de estos abogados, Alberto Gonzalez, manifestó que el memorándum contenía únicamente "teorías legales abstractas" y que "no corresponde a las políticas que la Administración decidió finalmente adoptar".
Pese a esta actitud de distanciamiento oficial, los hechos sugieren que los puntos de vista expresados por Bysee eran compartidos por, al menos, una buena parte de los miembros del gobierno norteamericano. Un artículo publicado el 24 de junio por el New York Times señala a este respecto que "algunos de los responsables de la Administración Bush que recibieron el memorándum trabajaron después para elevar a su autor, Jay S. Bysee, a la categoría de juez federal". Bysee fue nominado así por el presidente Bush en 2002, el mismo año de la publicación del memorándum, para ocupar el puesto de juez en el Tribunal de Apelaciones del Distrito Noveno de EEUU, con sede en Las Vegas. Este nombramiento fue ratificado el pasado año por el Senado.

El Programa de Acceso Especial

Por su parte, la revista New Yorker publicó el pasado 24 de mayo un extenso reportaje, fruto de las investigaciones del periodista Seymour M. Hersh -ganador del Premio Putitzer por su cobertura de la masacre de civiles vietnamitas a manos de soldados de EEUU en la aldea de My Lai en 1968, durante la Guerra de Vietnam-, que incluía también varias revelaciones muy comprometedoras para Rumsfeld.
En este reportaje se señalaba que Rumsfeld y uno de sus más cercanos subordinados, el subsecretario de Defensa para temas de Inteligencia Stephen Cambone, aprobaron la expansión de un programa secreto, conocido con el nombre de Programa de Acceso Especial (Special-Access Program - SAP), que permitía la realización de "duros interrogatorios" a miembros detenidos de Al Qaida, para que pudiera ser utilizado también con los prisioneros que se encontraban en la cárcel de Abu Graib, con el fin de extraerles la información que tuvieran acerca de la resistencia iraquí. Esto permitió a los militares estadounidenses, señala Hersh, "operar en Iraq como habían hecho en Afganistán", es decir sin límite alguno.
La expansión de este programa permitía, entre otras cosas, la realización de "presiones físicas" y humillaciones sexuales a los detenidos. Hersh habló con varios agentes de inteligencia en activo y retirados que le comunicaron diversos detalles del programa, que es también conocido por la comunidad de inteligencia con otros nombres, además del SAP, entre los que cabe mencionar el de Copper Green (Cobre Verde). Algunos de estos responsables manifestaron a Hersh que el programa había recibido la aprobación de la consejera de Seguridad Nacional de EEUU, Condoleezza Rice, y que el propio Bush había sido informado de su existencia.
El artículo de Hersh ha servido para poner en entredicho las afirmaciones de Rumsfeld y otros responsables militares estadounidenses de que lo sucedido en las prisiones iraquíes había sido el fruto de la actuación individual de un grupo de militares descontrolados. Las revelaciones del artículo demuestran, por el contrario, la existencia de un programa secreto de interrogatorios, aprobado por las más altas esferas y que contemplaba el uso de las torturas.
Por su parte, el New York Times informó el pasado 16 de mayo de la existencia de un centro de interrogatorios altamente secreto en Bagdad, adonde eran trasladados los prisioneros para ser interrogados durante períodos relativamente cortos de tiempo, antes de ser devueltos a la cárcel de Abu Graib. Los interrogadores del centro eran agentes especiales de inteligencia. Según reveló un oficial norteamericano, cuyo nombre no se desvela, al Times nadie podía entrar en dicho centro sin la autorización del teniente general Ricardo Sánchez, jefe de las fuerzas norteamericanas en Iraq.
El oficial reveló también que el ya mencionado Geoffrey Miller, jefe del campo de detención de Guantánamo, visitó el centro en septiembre en un viaje destinado, según el Times, a "resolver los problemas referentes a las detenciones e interrogatorios en Iraq". El general Miller estuvo acompañado en este viaje por un experto en detenciones, que hizo sugerencias en materia de seguridad a los responsables del centro.
Las afirmaciones de Hersh sobre la presunta aprobación, por parte de Rumsfeld y Cambone, de la aplicación del Programa de Acceso Especial a prisioneros iraquíes fueron rápidamente desmentidas por la portavoz jefe del Pentágono, Lawrence di Rita, que se negó incluso a reconocer la existencia del programa. "Todo es pura fantasía", señaló. Por su parte, Stephen Cambone reconoció en una sesión del Senado la existencia de algunas de estas "técnicas de interrogatorio", como la utilización de perros para atemorizar a los prisioneros, pero insistió en que ellas habían sido aprobadas por los jefes militares de EEUU en Iraq "y no por el Pentágono".
El propio New York Times señala, sin embargo, que algunos elementos del artículo de Hersh, como la utilización de presiones físicas coercitivas en los interrogatorios, habían salido ya anteriormente a la luz en relación a los prisioneros talibanes y de Al Qaida capturados en Afganistán. La visita de Miller a Iraq sugiere claramente que, pese a los desmentidos del Pentágono, estos programas sí se aplicaron allí.
En realidad, la responsabilidad criminal que recae sobre Rumsfeld no puede ser achacada únicamente a él mismo. Ella es, sin duda, el reflejo de la política criminal e ilegal que la actual Administración Bush ha venido poniendo en práctica en los últimos años en diversas partes del mundo bajo la cobertura de la "guerra contra el terrorismo". Los objetivos de la política estadounidense -es decir, el establecimiento de una hegemonía norteamericana e israelí en la zona de Oriente Medio- implican necesariamente la comisión de un número creciente de crímenes con el fin de intentar mantener por la fuerza su dominio sobre los pueblos de la región. El escándalo de las torturas de Abu Graib es, en este sentido, una diminuta punta de un iceberg mucho mayor, que irá saliendo a la luz en los próximos meses y años. No obstante, no hay duda de que la firme oposición de la población iraquí y de otros países de la zona a estos planes neocoloniales hará fracasar éstos, con independencia de que sea Rumsfeld o cualquier otro individuo el encargado de ponerlos en práctica.