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La Unión Europa aprueba su nueva Constitución

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REDACCIÓN

E l pasado 18 y 19 de junio, los 25 países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo, durante el transcurso de una cumbre en Bruselas, para aprobar el proyecto de Constitución Europea, tras meses de bloqueo debido a las diferencias sobre el reparto del poder de voto y otras cuestiones menores. La nueva Constitución cuenta, en total, con 472 artículos y siete disposiciones y declaraciones.
El proceso de elaboración de la Constitución Europea se inició con la llamada Declaración de Laeken de diciembre de 2001. En aquel documento se dejó claro que existía la necesidad de aprobar una Constitución, que sirviera para reemplazar a los tratados existentes. Otro de sus fines -según la interpretación de Francia, Alemania y otros estados- sería el de llevar a la Unión Europea a un nivel de integración mucho más alto y promover la creación de un auténtico estado supranacional europeo, que pueda recabar para sí una gran parte de las competencias que en la actualidad pertenecen a los estados nacionales.
Según los analistas europeos, el principal logro de esta Constitución ha sido el establecimiento de un nuevo sistema de voto, algo que se había hecho necesario debido a la ampliación de la Unión Europea a 10 nuevos países este año. Este sistema ha venido a reemplazar al establecido en la cumbre de Niza de 2001, que era considerado insatisfactorio por algunos grandes países. Según este nuevo sistema, denominado "de doble mayoría", una decisión será aprobada si es apoyada por al menos el 55% de los países miembros, que representen al 65% de la población de la Unión.
El modelo de vetos nacionales ha sido también abolido en muchas esferas, lo cual resulta imprescindible, puesto que, de mantenerse aquél tras la reciente incorporación de los nuevos estados a la Unión, esto significa que un solo país habría podido bloquear la aprobación de las normas comunitarias en cualquier campo. No hace falta decir que tal hecho habría llevado a una completa parálisis de las instituciones europeas.

Obstruccionismo británico

El Reino Unido, por su parte, insistió en mantener su derecho de veto en los temas de política exterior y de defensa, así como los fiscales y de seguridad social, pues que no desea tener que ceder a Bruselas competencias en estos campos. En realidad, las propuestas en el tema fiscal se limitaban a aspectos tan básicos como la cooperación administrativa en este terreno y la evasión de impuestos, pero incluso esto era demasiado para Londres. El gobierno británico se opuso asimismo a la creación de un Fiscal Europeo.
Del mismo modo, Londres logró asegurarse de que la Carta de Derechos Fundamentales, que será aprobada junto con la Constitución, no afecte a las leyes laborales británicas, que son las más flexibles de todo el continente.
Los británicos se opusieron también con éxito a una cláusula contenida en el artículo III-157, que daba a la UE el derecho a aprobar leyes para "fortalecer la seguridad del suministro energético". Esta cláusula alarmó a compañías petrolíferas británicas como la Shell o la BP, que temieron que los pozos de petróleo del Mar del Norte acabaran quedando bajo el control de Bruselas. Estas compañías presionaron así al gobierno de Londres para que se opusiera a dicha cláusula, que fue finalmente eliminada del texto.
Estas tácticas obstruccionistas británicas irritaron especialmente a alemanes y franceses. El presidente francés, Jacques Chirac, las criticó duramente señalando que "un solo país" no tenía derecho a bloquear la cumbre de la Unión Europea. Sin embargo, París y Berlín acabaron accediendo a la demanda británica de que los países puedan conservar el derecho de veto sobre determinadas políticas con el fin de salvar la cumbre.

Reforma de las instituciones comunitarias

La Constitución contempla también una reforma del órgano ejecutivo de la UE: la Comisión Europea, que quedará reducida de tamaño y será así más eficaz y fácil de manejar. Los estados miembros dispondrán de un comisario por país (25 en total) hasta el año 2014, en que este número quedará reducido a 18. La Unión tendrá también un único representante en política exterior y no dos, como ahora.
El Consejo Europeo, donde están representados los gobiernos de los países miembros, estará presidido por una persona durante un período de dos años y medio, en lugar de estarlo por un país diferente cada seis meses, como ocurría hasta ahora.
Holanda, por su parte, presentó una propuesta para que la Comisión tuviera poderes para controlar y sancionar cualquier violación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que permitió la creación del euro. Este pacto contempla unos límites en el déficit público de los países comunitarios que no pueden ser rebasados, medida ésta que está precisamente dirigida a la protección de la estabilidad de la moneda europea. Francia y Alemania, que superaron en una ocasión estos límites, se opusieron a tal medida. Sin embargo, la mayoría de los países miembros apoyaron la propuesta holandesa, y, finalmente, se llegó a un compromiso que consiste en que la Comisión podrá determinar cuando un déficit es excesivo, pero serán los estados miembros los que tengan la última palabra en lo que se refiere a la imposición de sanciones.

Valores religiosos

La Constitución Europea incluye una mención a la herencia espiritual, religiosa y humanista de Europa y recoge el principio de cooperación entre la Comisión y las diferentes confesiones religiosas. Sin embargo, algunos países mayoritariamente católicos -Polonia, Italia, Malta, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Irlanda y España- presentaron una propuesta para mencionar el Cristianismo dentro de la Constitución. Dicha propuesta, que generó una amplia polémica en el seno de la Unión, fue finalmente sacada del orden del día de la pasada cumbre del 18 de junio por la propia Presidencia irlandesa, que justificó su decisión en base a la falta de apoyos que tal iniciativa iba a encontrar. La caída del gobierno de Aznar en España y la oposición frontal del grupo de países más laicos, encabezado por Francia, motivaron finalmente la derrota de la propuesta.
Por su parte, la Comisión Islámica de Derechos Humanos, con sede en Londres, considera que estos llamamientos en favor de la inclusión del Cristianismo en la Unión Europea eran un intento velado de impedir la entrada de Turquía, un país predominantemente musulmán, en la Unión. "Creo que hay una estrategia oculta por parte de los sectores xenófobos para presentar oficialmente a Europa como una entidad cristiana con una historia cristiana", manifestó una fuente de la Comisión a Al Yazira. "Si el Cristianismo fuera mencionado en la Constitución, eso implicaría que se están excluyendo a otras religiones, entre ellas el Islam, y también un rechazo a la idea de Europa como un continente multirracial y multicultural". Las sospechas de la Comisión tienen, en realidad, un claro fundamento. En mayo de 2003 un reportaje de la BBC informó que dos altos representantes del Vaticano habían cuestionado públicamente la conveniencia de que Turquía se adhiriera a la UE.

Pugna por la Presidencia de la Comisión

La cumbre del 18 de junio fracasó, sin embargo, en un aspecto básico: la elección del nuevo presidente de la Comisión, que sustituirá a Romano Prodi. Este tema provocó fuertes tensiones entre Francia y Alemania, por un lado, y el Reino Unido, por otro. París y Berlín respaldaron para el cargo al primer ministro belga, Guy Verhofstadt. El Reino Unido, por su parte, se opuso a esta nominación afirmando que Verhofstadt quería otorgar demasiados poderes a la UE. El propio primer ministro británico, Tony Blair, criticó estos esfuerzos del eje franco-alemán para imponer a Verhofstadt afirmando que las decisiones referentes a la Unión Europea debían ser tomadas por los 26 miembros y no "por seis, dos o uno". Como alternativa, Londres propuso al británico Chris Patten, conservador y miembro de la Comisión, pero esta propuesta fue rechazada por los franceses y alemanes.
En realidad, Verhofstadt fue un fiel aliado de Francia y Alemania durante los enfrentamientos que ambos países mantuvieron con EEUU y el Reino Unido el pasado año a propósito de la creación de un Ejército europeo. Vershofstadt llegó a promover la creación de un cuartel general independiente para este Ejército, hecho éste que despertó una profunda irritación en Washington y Londres, que deseaban que dicha fuerza actuara exclusivamente a través de la cadena de mando y las instalaciones de la OTAN. En el centro de esta discusión se encuentra el deseo de Berlín y París de impulsar la creación de una Europa unida, que sirva de contrapunto a EEUU. Sin embargo, Europa no podrá alcanzar esa meta mientras continúe dependiendo de la OTAN en el terreno de la defensa, ya que esta organización está completamente controlada por EEUU y su fiel aliado británico.
Las disputas entre ambas partes tienen también que ver con el distinto significado que otorgan a la nueva Constitución. Para el Reino Unido, ésta sirve únicamente para consolidar los tratados que ya existían anteriormente, por lo que tendría un valor puramente recopilatorio. Para Francia y Alemania, supone el fortalecimiento de los poderes y competencias de la Unión Europea y un paso definitivo hacia el establecimiento de un estado supranacional europeo.
Con el fin de desbloquear la situación, algunos países presentaron otros candidatos, como el primer ministro irlandés, Bertie Ahern, que fue rechazado por Francia por no hablar francés, o el primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, que manifestó, sin embargo, su falta de interés por ocupar el cargo. Al final, el candidato con más posibilidades parecía ser el primer ministro portugués Jose Manuel Durao Barroso.
La aprobación del proyecto de Constitución en la reciente cumbre de Bruselas no significa, sin embargo, que ésta vaya a ser entrar en vigor con toda seguridad. Hay que tener en cuenta que al menos 10 países someterán este proyecto a referéndum, mientras que otros lo aprobarán en sus respectivos Parlamentos.
Los responsables de la Unión Europea temen, sin embargo, que pueda producirse un resultado negativo en alguno de estos referéndums, posibilidad ésta que parece más plausible tras la baja participación habida en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo y el crecimiento en de las opciones euroescépticas en varios de los estados de la Unión. También existe el riesgo de que muchos electores pretendan castigar a los respectivos gobiernos por problemas de tipo nacional utilizando para ello la opción del "No" en los referéndums sobre la nueva Constitución Europea.
Hasta el momento, uno de los líderes que más complicado tiene el lograr la ratificación de la Constitución en su país es Tony Blair. Los euroescépticos poseen una notable fuerza en el Reino Unido, como demuestran los 12 eurodiputados conseguidos por una fuerza abiertamente antieuropea, el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), en las pasadas elecciones al Parlamento Europea. Este partido propone incluso la salida del Reino Unido de la UE. Por su parte, el Partido Conservador británico, que ganó las pasadas elecciones municipales y europeas, se muestra también contrario a la Constitución y al avance de la integración europea en general.
Hasta el momento, Blair ha rechazado todas las presiones para convocar un referéndum en su país sobre este tema a sabiendas de que el resultado sería, casi con toda probabilidad, negativo. Sin embargo, la presión popular, de la oposición política y de la prensa sensacionalista, de tendencia claramente antieuropea, podrían obligar a Blair a proceder a tal convocatoria. El diario sensacionalista The Sun ha acusado ya a Blair de "traidor" por haber ratificado la Constitución.
Otro país problemático es paradójicamente Polonia, que, pese a llevar muy poco tiempo adherida a la UE, ha sido escenario de un fuerte crecimiento de los partidos euroescépticos. El gobierno proeuropeo de la Alianza de la Izquierda, del primer ministro Marek Belka, se encuentra en una posición muy débil, debido a la mala marcha de la economía y a los escándalos de corrupción. Su aceptación de un compromiso en el tema de la Constitución, que ha implicado una reducción del peso del voto polaco, ha sido también mal recibida por la opinión pública del país, muy sensible a los llamamientos demagógicos de algunos partidos de la derecha. Esta decepción hacia el gobierno de Belka y hacia el proceso de integración europea en general puede explicar la baja participación de los electores polacos en las recientes elecciones al Parlamento Europeo. Todo ello ha levantado el temor en Bruselas a que un posible referéndum en Polonia termine dando un resultado negativo.
Al final, tras la aprobación unánime del proyecto de Constitución los líderes europeos han preferido aparcar estos temores y dar una clara imagen de unidad felicitándose públicamente por haber logrado el acuerdo. "Podemos decir, sin abusar de las palabras, que es un día importante para Europa", manifestó el presidente francés, Jacques Chirac. El canciller alemán, Gerhard Schroeder, se manifestó también en parecidos términos. Blair, por su parte, afirmó, pensando sin duda en clave doméstica, que "es un gran éxito para Europa y para Gran Bretaña". Más preciso aún fue el diputado francés, Pierre Lequillier, que manifestó al diario Le Monde: "En un mundo inestable y globalizado, la aprobación de esta Constitución supone la primera gran noticia de este siglo XXI: el nacimiento de la Europa política unida".