l pasado 18 de julio, el presidente boliviano, Carlos Mesa, logró un importante triunfo en el referéndum destinado a aprobar sus propuestas de permitir la exportación de gas natural boliviano al extranjero e incrementar el control estatal sobre este producto. La televisión boliviana informó de que las primeras estimaciones de resultados mostraban un apoyo del 75%, como media, de los electores a las propuestas planteadas en la consulta. Durante la campaña del referéndum, Mesa afirmó que una victoria del “No” llevaría el país al caos y alejaría las inversiones extranjeras. Mesa, de profesión historiador, es hoy un personaje popular en Bolivia, pero carece de una sólida experiencia política y de una mayoría que le respalde en el Congreso. El presidente trató de convertir el referéndum en una consulta sobre su propia persona, manifestando que dimitiría si no se conseguía una victoria del “Sí”.
Bolivia, el país más pobre de América del Sur, posee grandes reservas de gas natural (150 billones de metros cúbicos), las segundas de América Latina tras Venezuela. Se estima que estas reservas de gas tienen un valor de entre 70.000 y 210.000 millones de dólares. Bolivia necesita estas reservas no sólo para pagar su deuda externa, cifrada en unos 5.000 millones de dólares, sino también para aliviar la situación del 80% de su población, que vive en un estado de pobreza.
Según la prensa boliviana, la única razón del referéndum sobre el gas ha sido el apaciguar a la mayoría indígena del país, que ha protagonizado numerosas movilizaciones para pedir la nacionalización de este recurso en los últimos meses. Todo esto sugiere, además, que Mesa parece haber logrado llevar un poco de estabilidad política al país tras la revuelta que acabó con su antecesor, Gonzalo Sánchez de Losada, el pasado mes de octubre. Uno de los factores que produjo aquella revuelta fue la firma de un contrato por valor de 5.000 millones de dólares para exportar gas boliviano a EEUU y México vía Chile y la promulgación de una ley que ponía el control del gas en manos de las multinacionales afincadas en Bolivia. La firma de este contrato desencadenó una ola de protestas que acabaron con el derrocamiento de Losada y costaron la vida a 59 personas. El vicepresidente, Carlos Mesa, tomó el poder tras la huida de Losada a EEUU y trató de gestionar la economía de una manera diferente y conseguir una paz social que durara al menos hasta las próximas elecciones generales, que tendrán lugar en 2007.
La titularidad de las reservas ha sido objeto de una agria polémica entre la mayoría indígena, que desea una total nacionalización de esta industria, y la élite europea, más receptiva a la idea de permitir las inversiones de compañías multinacionales e incluso la privatización de este sector. De hecho, unas 20 compañías extranjeras, que han invertido hasta el momento 3.500 millones de dólares en la exploración de nuevos yacimientos, poseen en la actualidad la titularidad de una parte importante de los recursos de gas bolivianos.
La propuesta de Mesa era, en realidad, un intento de buscar una fórmula intermedia entre las ideas opuestas de la privatización y la nacionalización. Por un lado, se creará una compañía estatal de gas, tal como desea la mayoría de la población, pero al mismo tiempo esta compañía habrá de trabajar con las multinacionales extranjeras, propuesta que busca garantizar la presencia de éstas últimas y de sus inversiones en el país. Se trataría, pues, no de convertir el gas en un monopolio estatal, sino de establecer una alianza entre la compañía estatal y las multinacionales, en la que la primera tendría un papel residual. En cuanto a la fórmula jurídica, el gas sería de titularidad estatal hasta su extracción, pero luego sería vendido a estas compañías por un precio acordado.
La propuesta de creación de una compañía estatal para gestionar el petróleo boliviano tiene lugar en un contexto regional en el que varios países de América del Sur están fundando también empresas estatales destinadas a controlar los recursos petrolíferos nacionales. En Venezuela, Hugo Chávez ha logrado poner a sus hombres al frente de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en Argentina el presidente Néstor Kirchner ha anunciado también la creación de una compañía estatal de petróleo.
Sin embargo, esta propuesta no satisface a las organizaciones sindicales y de izquierda, que pidieron a sus seguidores que boicotearan la consulta. Felipe Quispe, líder indígena aimara y presidente de la confederación campesina, y el jefe de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, afirmaron que, pese a la creación de la compañía estatal, el gas boliviano continuará estando en manos de las multinacionales extranjeras, tal y como sucedía hasta ahora, y pidieron directamente la nacionalización de este recurso.
Por el contrario, Evo Morales, líder del Movimiento hacia el Socialismo (MAS), el principal partido de oposición de izquierda del país, ha apoyado discretamente las propuestas del gobierno en el tema del gas. Esto se explica por el deseo de Morales de presentarse como un líder moderado de cara a las próximas elecciones municipales, que tendrán lugar dentro de pocos meses.
En el otro extremo del espectro ideológico se encuentra el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Santa Cruz, Zvonko Matkovitz, que rechazó incluso la celebración del referéndum señalando que “no es posible echarse atrás ahora con respecto a lo que hemos acordado con las multinacionales extranjeras”. La región de Santa Cruz es la más rica de Bolivia y en ella han tenido lugar recientemente diversas movilizaciones en favor de una autonomía, lo que ha hecho surgir temores acerca de una posible fractura social y geográfica en el país.
El probable que ahora, tras el referéndum, sea aprobada una nueva ley sobre el gas natural. Esta ley incrementará hasta el 50% el tipo impositivo que pagan las compañías extranjeras –entre ellas la española Repsol-YPF, la Petrobras de Brasil y la británica British Petroleum-. Esto reducirá, sin duda, el atractivo del mercado boliviano para estas compañías. En todo caso, parece difícil que las multinacionales presentes en el país vayan a aceptar una revisión de los contratos ya existentes. El propio Mesa ha intentado tranquilizar a estas empresas indicando que las 78 concesiones aprobadas por su antecesor en 1997 serán respetadas en sus actuales términos.

Disputa territorial con Chile

Otra de las preguntas del referéndum hacía referencia a la posibilidad de utilizar el gas natural como arma de presión para lograr una salida al mar para Bolivia a través de Chile. Bolivia perdió esta salida al mar durante la Guerra del Pacífico con Chile en los años 1879-1883. Cuando Sánchez de Losada anunció el pasado año que había logrado un acuerdo con las compañías extranjeras para exportar el gas a través de un puerto en el norte de Chile, la oposición boliviana lanzó una fuerte campaña en contra del acuerdo no sólo porque, según ella, beneficiaba a las multinacionales y no al pueblo boliviano, sino también por un orgullo nacionalista que les impedía llegar a un acuerdo con Chile sin haber conseguido previamente un acuerdo territorial.
Bolivia ha estado pidiendo, de hecho, en las últimas décadas a Chile que le ceda un pequeño corredor al Océano Pacífico. El tema no resulta en absoluto anecdótico, ya que ambos países cortaron sus relaciones diplomáticas en 1978 debido a este asunto. Uno de los lemas del Ejército boliviano es “La mar nos pertenece y recuperarla es nuestro deber”. Bolivia ha impuesto incluso una cláusula en un contrato de exportación de gas a Argentina, según la cual los excedentes de gas que este último país no consuma no podrán ser vendidos a su vez a una tercera parte, es decir, a Chile. El ministro de Desarrollo Económico boliviano ha precisado que “si una sola molécula de gas boliviano es vendida por Argentina a Chile, Bolivia cortará sus suministros a Argentina”. “Si Chile quiere el gas de Bolivia, primero tendrá que hablar de soberanía”, precisó, por su parte, Mesa.