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Un Muro contra la humanidad

N o es exagerado afirmar que el pasado día 9 de julio, el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) emitió una fallo histórico. El veredicto del TIJ, que considera ilegal la construcción del Muro del Apartheid que Israel está levantando en Cisjordania, va a tener notables consecuencias para el conflicto de Oriente Medio, incluso aunque dicha resolución no sea vinculante.
En su fallo, el Tribunal exige a Israel que detenga la construcción del Muro, derribe las secciones de éste que han sido ya erigidas, compense a los miles de palestinos que se van visto perjudicados por esta construcción y devuelva las tierras de las que los israelíes se han apropiado ilegalmente.
La cuestión ahora es: ¿Se convertirá el fallo del TIJ en otra muestra de la impotencia de la ONU para imponer sus decisiones frente a la acción de algunas grandes potencias que se ponen al lado de los agresores (como es el caso aquí de EEUU) o será posible esta vez asegurar que la ley internacional y la voluntad de la gran mayoría de las naciones del mundo sea respetada? El fallo del Tribunal no deja lugar a ningún resquicio para la manipulación: “La construcción del Muro es contraria al Derecho Internacional”, señala el fallo.
La decisión del Tribunal resulta, pues, inequívoca, debido a la claridad y meticulosidad de las expresiones que han sido utilizadas. El fallo va incluso más allá de lo que algunos optimistas habían esperado: “Todos los estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal que resulta de la construcción del Muro”. También señala que Israel “está obligado a respetar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y aceptar también sus responsabilidades, derivadas de la ley humanitaria internacional y de la normativa internacional sobre derechos humanos”.
Otro aspecto importante del veredicto es que vuelve a poner el énfasis de nuevo en que el Derecho Internacional continúa siendo el único marco legítimo y viable para resolver los conflictos internacionales, y muy especialmente el palestino-israelí. Esto convierte en nulo cualquier acuerdo que Israel o EEUU traten de imponer a la parte palestina, por medio de presiones o amenazas. Existe en la actualidad una extensa normativa, particularmente las resoluciones 242 y 338 de Naciones Unidas, que exige a Israel la inmediata e incondicional retirada de sus fuerzas de los Territorios Ocupados. Sin embargo, este marco legal ha venido siendo ignorado en la mayoría de planes de paz impulsados hasta la fecha, que contemplan numerosos privilegios para Israel, incluyendo el de no cumplir tales resoluciones en sus propios términos. Cabe decir que si se respetara el contenido de estas resoluciones de la ONU el conflicto quedaría automáticamente resuelto, puesto que la continuación de la ocupación israelí es el único factor real que lo perpetúa.
Otro aspecto importante del fallo del TIJ es que recuerda a todos los miembros de la comunidad internacional y, en especial a los firmantes de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, que poseen obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y que, por tanto, pueden ser considerados responsables de todas las violaciones de los mismos que lleven a cabo. Esto supone que Israel y sus dirigentes son responsables ante la ley internacional por sus agresiones contra los derechos de la población palestina, que vienen recogidos en esta normativa. También lo son aquellos otros líderes internacionales que ofrezcan apoyo a Israel, ya sea directo o indirecto, para la comisión de tales crímenes, como sería el caso, en la actualidad, de los dirigentes norteamericanos.
En realidad, el TIJ ha hecho ya el trabajo que tenía que hacer. Corresponde ahora a los organismos de las Naciones Unidas -en particular, a la Asamblea General y el Consejo de Seguridad- y a los diferentes países que pertenecen a la organización buscar fórmulas para que el fallo pueda ser aplicado. De momento, Israel ha mantenido la misma postura arrogante y desafiante de la que ha hecho ostentación en las pasadas décadas. Tras conocer el fallo, el primer ministro, Ariel Sharon, manifestó que Israel va a acelerar la construcción del Muro. Esta actitud viene a reconocer el estatus de Israel como estado paria a nivel internacional. La única solución pasa, pues, por la imposición de sanciones y el boicot a este estado que se ha convertido en la vergüenza del género humano y en la representación de la crueldad a que pueden llevar ideologías de tipo nacionalista y mesiánico como es el caso del sionismo.
No es admisible en absoluto que en esta ocasión los dirigentes israelíes se vuelvan a salir con la suya. La existencia de un lobby sionista en EEUU y su secuestro de la política exterior de esta gran potencia no puede llevar a una situación de permanente violación de la ley internacional y de desprecio a organismos como la ONU, porque si esto fuera así, ello supondría el fin del sistema legal internacional construido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, son cada vez más los sectores de la sociedad y los estados que demandan el inmediato cumplimiento de la ley internacional, el fin de la ocupación israelí, el desmantelamiento del Muro y la creación de un estado palestino independiente con su capital en Jerusalén. El mundo ha empezado a comprender que no puede haber paz ni estabilidad a nivel internacional mientras el pueblo palestino continúe padeciendo una dura ocupación, que dura ya casi cuatro décadas, y la continua apropiación de sus tierras por parte de un grupo de fanáticos mesiánicos que constituyen hoy por hoy la principal amenaza a que ha de hacer frente la comunidad internacional.