a decisión de EEUU de votar en contra de una resolución, presentada por varios países árabes en la Asamblea General de la ONU, que contenía un llamamiento dirigido a Israel para que respete la decisión del fallo del Tribunal Internacional de Justicia, que el pasado 9 de julio pidió la demolición del Muro que Israel está construyendo en Cisjordania, es otro ejemplo más de cómo el gobierno norteamericano protege a un estado paria, que pretende situarse por encima de la ley internacional, de las decisiones de los tribunales de justicia y de la opinión pública del mundo. La amenaza subsiguiente de un posible veto en el Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución que exija a Israel el cumplimiento del veredicto del Tribunal pone de manifiesto que el gobierno estadounidense acepta estas pretensiones israelíes y considera que Israel no puede ser objeto de sanciones o de una represalia internacional por muchos delitos y crímenes que cometa.
La votación en la Asamblea General de la ONU fue también una muestra de la soledad que sufre Washington a nivel internacional en relación a este tema. Con la excepción del gobierno conservador australiano de John Howard, y de otros tres diminutos países de Oceanía, cuyas economías dependen completamente de EEUU y Australia, Washington se quedó solo votando, junto con Israel, frente a toda la comunidad internacional, incluyendo a la Unión Europea y a su aliada Gran Bretaña.
La excusa dada por Washington para intentar justificar su posición –que el tema del Muro es político y no jurídico, por lo que el TIJ no debería haber entrado a valorarlo- se cae por su propio peso, después de que el propio Tribunal afirmara su competencia en este asunto, por considerar que la expropiación de tierras, la comisión de graves violaciones de los derechos humanos y la negación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino son cuestiones de naturaleza jurídica.
En realidad, esta postura de EEUU es otra afrenta, y ya van muchas, a toda la comunidad internacional y, muy especialmente, al bloque de países árabes y musulmanes. Desde el inicio de su mandato, y tomando como excusa los atentados del 11-S, la Administración Bush ha lanzado una guerra contra dos países musulmanes y, en el caso de Iraq, de forma claramente ilegal al dejar de lado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo más paradójico del caso es que Washington ha intentado justificar sus agresiones ilegales y violaciones del Derecho Internacional basándose en el supuesto incumplimiento de Bagdad de su obligación de desarmarse, hecho éste que al final quedó desmentido cuando ni siquiera los equipos enviados por EEUU después de la guerra a Iraq encontraron las supuestas armas de destrucción masiva.
Esto demuestra que la actual Administración de EEUU no siente ningún respeto por la ley internacional y considera que las resoluciones de la ONU son sólo útiles cuando sirven para justificar sus propios ataques militares a otros países a los que acusa de incumplir tal o cual normativa.
Resulta también otro gesto de hipocresía que el gobierno norteamericano afirme que desea la democracia para Oriente Medio. Si se atiende al ejemplo de Iraq, puede verse que Washington ha optado por poner al frente de su gobierno a un primer ministro, Iyad Allawi, con un dilatado historial de delaciones y crímenes y al que los propios iraquíes denominan el “Saddam norteamericano”. Esto demuestra que EEUU no ha tenido nunca un interés real en democratizar Iraq e intenta, por el contrario, instaurar allí una dictadura sumisa que reprima a los iraquíes, pero proteja los intereses de los inversores norteamericanos, acepte la permanencia de tropas y bases estadounidenses y se pliegue ante la hegemonía de Israel en la zona.
Así pues, el único motivo por el que Washington puede estar interesado en promover la democracia en Oriente Medio es el conseguir instalar allí regímenes marioneta, lograr el acceso al poder de individuos sobornados que acepten poner los intereses del gobierno de EEUU por encima de los de sus propios países y pueblos, e implantar en esas naciones medios de comunicación que no estén al servicio de la información, sino de la propaganda en favor de las tesis de EEUU e Israel.
Esto no quiere decir, sin embargo, que la democracia no sea un objetivo deseable para los países de Oriente Medio. Por el contrario, la democracia sería la solución a la mayor parte de los problemas que estos países arrastran en la actualidad, tales como la mala gestión de sus gobiernos, la corrupción y otros. Sin embargo, el desafío que habrán de afrontar los estados de la zona será el de buscar fórmulas para que esta democratización no sea aprovechada por fuerzas externas hostiles que desean debilitar su independencia en los terrenos político y económico.
En suma, hay que negar a la Administración Bush el derecho a hablar de “democracia” o “libertad” cuando sus propios actos demuestran su total desprecio por estos conceptos y por la propia legalidad internacional. El Departamento de Estado puede seguir gastando dinero en panfletos como “La Vida Musulmana en América” que no convencen a nadie en el mundo árabe y musulmán. Mientras su actuación siga siendo la de proteger a un estado paria como Israel para evitar que sea sancionado por su incumplimiento de todo un cúmulo de resoluciones y fallos judiciales, no habrá nada que hacer. EEUU seguirá teniendo los índices más altos de rechazo no sólo en los países árabes y musulmanes, sino en todo el mundo. Y muchos millones de personas dejarán de consumir productos norteamericanos para no dar su dinero a los mismos que muestran un desprecio tan absoluto hacia sus opiniones e intereses.