l pasado 19 de julio, Filipinas completó la retirada de su contingente de Iraq con el fin de salvar la vida de un rehén filipino, Angelo de la Cruz, que había sido secuestrado el 7 de julio anterior por insurgentes iraquíes. Los últimos soldados de la fuerza de 51 hombres que Filipinas mantenía en Iraq abandonaron su base en Hillah, al sur de Bagdad, con destino a Manila. Ese mismo día regresó también a Filipinas el jefe del contingente, el general de brigada Jovito Palparan. Pocas horas después, De la Cruz fue puesto en libertad.
La decisión de retirarse de Iraq, tomada por la presidenta del país, Gloria Macapagal Arroyo, se produjo tras una intensa movilización popular en contra de la permanencia de las tropas filipinas en el país árabe. Una de las principales fuerzas detrás de esta movilización fue la organización Migrante, que representa a los trabajadores filipinos que han emigrado al extranjero y, en especial, a los países petrolíferos del Golfo Pérsico. Migrante advirtió al Gobierno que la presencia de las tropas en Iraq ponía en peligro no sólo a los 4.000 trabajadores filipinos que se encuentran en dicho país, sino también a los 1,4 millones de filipinos que residen en Oriente Medio. En total, 7,5 millones de filipinos trabajan en el extranjero y las remesas de dinero que envían a sus familiares en las islas se han convertido en la principal fuente de divisas del país. Según el diario de Singapur Strait Times, el pasado año estos trabajadores enviaron 7.600 millones de dólares a Filipinas, cantidad ésta que equivale al 7,5% del PIB del país. Un economista filipino, Jesús Felipe, ha indicado que “sin estas remesas de divisas, la economía filipina se encontraría en una situación muy precaria”. Precisamente, los envíos de divisas de estos emigrantes fueron el principal factor que ayudó a mantener a flote la economía filipina durante los difíciles años que siguieron al estallido de la crisis financiera asiática de 1997.
Otro factor que ha influido en la retirada filipina es el cambio que ha experimentado la situación en Iraq en los últimos meses. Cuando Filipinas decidió enviar un contingente de tropas a dicho país el pasado año lo hizo, al igual que el resto de los países que integran la coalición de ocupantes de Iraq, pensando en que podría obtener como recompensa más ayuda económica y militar de Washington y participar en los contratos de reconstrucción. El hecho de que la invasión y la subsiguiente ocupación fueran ilegales desde el punto de vista del Derecho Internacional no pareció importar gran cosa a las autoridades filipinas. Sin embargo, el surgimiento del movimiento de resistencia contra los ocupantes cogió por sorpresa a las autoridades filipinas al igual que al resto de países de la coalición. El riesgo de que los soldados filipinos se vieran implicados en combates o, peor aún, de que se produjeran bajas en el contingente alarmó a las autoridades de Manila temerosas de una fuerte reacción interna, tal y como ha sucedido en otros países asiáticos. La salida de los contingentes de Nicaragua, España, Honduras, República Dominicana y otros países fue otro factor más determinante en la decisión de Manila de sacar sus tropas de Iraq. Asimismo, el secuestro de De la Cruz acabó de convencer a las autoridades filipinas de que su participación en la ocupación de Iraq estaba dañando los intereses de Filipinas a nivel internacional.

Críticas norteamericanas

La decisión del gobierno de Manila de retirar a sus tropas de Iraq fue duramente criticada por el gobierno estadounidense, que acusó a Filipinas de “capitular ante las demandas de los terroristas”. Un alto responsable norteamericano declaró el pasado 18 de julio a la agencia Associated Press que Washington iba a revisar sus vínculos con Filipinas a la luz de la decisión tomada por el Ejecutivo de Arroyo.
El propio presidente Bush advirtió a Manila que “no puede haber paz separada con los terroristas” y afirmó que la decisión filipina de retirar sus tropas era “un error”. El 20 de julio, el mismo día que De la Cruz llegaba al aeropuerto de Manila, el embajador de EEUU en Filipinas, Francis Ricciardone, regresó a Washington para realizar consultas acerca del estado de las relaciones entre ambos países tras la retirada filipina.
En los últimos años, el gobierno filipino ha dependido de la ayuda estadounidense para hacer frente a la guerrilla comunista y a los separatistas musulmanes de la isla de Mindanao. Sin embargo, las advertencias de que la retirada filipina podría llevar a un recorte de la ayuda económica o militar de EEUU a Filipinas parecen, cuando menos, exageradas. Cabe recordar que Filipinas es el único estado del Sudeste Asiático, junto con el diminuto Singapur, que ha aceptado un despliegue estadounidense en la región, por lo que es dudoso que Washington esté dispuesto a provocar un enfrentamiento abierto con Manila.
En realidad, la retirada filipina deja en evidencia, una vez más, que la “coalición” de países que ocupa Iraq se halla en una posición muy precaria. Recientemente, Tailandia ha anunciado también que piensa sacar su contingente de Iraq en un breve plazo. Esto pone de manifiesto no sólo el aislamiento de la política norteamericana en Iraq, sino también el creciente deterioro de la situación en el país.
Algunos países del Sudeste Asiático han recibido de forma positiva la decisión filipina de retirarse Iraq. “Se trata de una decisión soberana. Creo que han tenido en cuenta cuáles son sus intereses a la hora de tomarla”, señaló el ministro de Exteriores de Malasia durante una rueda de prensa celebrada en Manila.
Por su parte, las organizaciones de la izquierda filipina han saludado también la decisión de Arroyo. Renato Reyes, portavoz del partido Bayan, que ha estado realizando protestas en los últimos meses en contra del despliegue de tropas filipinas en Iraq, calificó el regreso de los militares como “una victoria para Angelo De la Cruz y para todo el pueblo de Filipinas”.