l próximo 15 de agosto, los venezolanos tendrán una cita con las urnas en un referéndum ratificatorio en el que expresarán, en el ecuador del mandato de Chávez, si éste puede continuar ejerciendo la Presidencia o tiene que irse. En suma, se trata de un referéndum decisivo, que influirá decisivamente en el destino de Venezuela durante los próximos años.
Chávez ha sido objeto en los últimos tiempos objeto de una campaña de difamación mediática sin precedentes, tal como ha sucedido históricamente con otros líderes progresistas latinoamericanos. Los medios de comunicación privados de Venezuela, propiedad en su mayoría de grandes consorcios y oligarcas que se han visto negativamente afectados por las políticas de Chávez, han desatado una campaña histérica contra el actual presidente venezolano al que acusan de ser un tirano, un agente comunista y muchas cosas más. Estos sectores recurrieron en abril de 2002 a lanzar un golpe de estado, en el que estuvieron implicados funcionarios y agentes norteamericanos, pero éste fracasó finalmente por la movilización popular y la fidelidad de la gran mayoría de los militares venezolanos a la Constitución. Posteriormente, estos mismos sectores promovieron una huelga política, que terminó también en un fiasco, con el fin de derribar al gobierno e impedir que Chávez pudiera llevar adelante su reforma de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA), que había sido anteriormente el coto privado de un puñado de oligarcas.
Estos círculos intentan hacer olvidar que Chávez fue elegido por una abrumadora mayoría en las elecciones de 2000 (un 59%). Ahora, los miembros de la oposición y sus mentores estadounidenses se intentan aprovechar de un mecanismo electoral que el propio Chávez incluyó en la Constitución bolivariana de 1999, uno de los textos más progresistas de América Latina, con el fin de reforzar el control popular sobre las instituciones. Este mecanismo permite la realización de un referéndum en la mitad del mandato de un presidente si se obtienen las firmas necesarias. Cabría preguntarse ¿En qué otro país de América Latina o del mundo es posible encontrar semejante provisión? ¿Aprobaría un tirano una norma para que su pueblo pueda hacerle un examen en mitad de su mandato? ¿Dejaría en vigor la oposición esta misma norma en caso de ganar unas elecciones presidenciales o legislativas, para que el pueblo venezolano pudiera emitir igualmente un veredicto sobre su gestión? ¿Qué puede pensarse de una oposición que, tras intentar fallidamente derribar al poder legítimo y constitucional por medio de un golpe de estado y otros medios ilegales, busca ahora aprovecharse de una disposición constitucional que en su día rechazó públicamente?.
Si algo ha caracterizado precisamente el mandato de Chávez ha sido su clemencia y tolerancia hacia las actividades de una oposición determinada a poner en práctica cualquier medio para apartarle del poder. Ninguno de los líderes golpistas de abril de 2002 está en la cárcel. Tampoco ha sido clausurado ninguno de los medios de comunicación de la oposición, pese a que muchos de ellos han hecho y continúan haciendo una apología abierta del golpismo y de otros métodos anticonstitucionales para derrocar al presidente.
Para los oligarcas y sus amos de la Casa Blanca de Washington el crimen de Chávez reside, en realidad, en las reformas políticas, económicas y sociales que ha puesto en marcha el presidente venezolano en estos últimos años. En lugar de dedicarse a robar fondos estatales y enriquecerse personalmente mediante la corrupción, como han hecho muchos de sus predecesores y otros presidentes latinoamericanos, Chávez ha lanzado un programa que busca mejorar la vida de la mayoría de la población venezolana, en especial de aquellos sectores que viven en la pobreza, creando escuelas y centros de salud. En total, Chávez ha cuadruplicado el gasto en educación y ha triplicado el destinado a la sanidad. Asimismo, ha puesto en marcha un plan de reforma agraria que beneficiará a millones de venezolanos.
Chávez comparte con los presidentes Lula de Brasil y Kirchner de Argentina su oposición al neoliberalismo económico, que ha causado estragos en América Latina. El presidente venezolano detuvo también la privatización de la Seguridad Social y las universidades, algo que hubiera tenido nefastas consecuencias para los sectores menos pudientes de la población venezolana.
Los recursos procedentes del petróleo sirven ahora para financiar estos programas sociales y benefician a la población venezolana en su conjunto. En el terreno de la política exterior, Chávez ha convertido a Venezuela en un país independiente con una gran presencia internacional y un notorio prestigio no sólo en América Latina, sino también fuera de ella. Todo esto ha causado un enorme disgusto en Washington, donde estaban acostumbrados a tratar a Venezuela como una república bananera a la que podían manipular a su antojo.
El pueblo venezolano tiene ahora una oportunidad histórica. Si ratifica a Chávez el 15 de agosto, esto no sólo servirá para poner de manifiesto su apoyo a las políticas que el presidente ha promovido en estos últimos años, sino también para demostrar, como ya sucediera en abril de 2002, que el enemigo de la democracia no es Chávez sino la oposición venezolana. Asimismo, constituiría un nuevo desastre para la política de EEUU en América Latina y podría alentar a otros líderes latinoamericanos a poner en marcha una política exterior independiente. En suma, sería un triunfo para toda la humanidad progresista y una derrota de considerables proporciones para los enemigos de la libertad y la paz en el planeta.